El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya también cancela el registro electrónico de la AMB, a través del cual las empresas VTC comunican los servicios que tienen previsto prestar.
La Generalitat podría multar con hasta 54.000 euros la compañía por no cumplir de forma estricta la ley anti-VTC que exigía contratar los servicios con 15 minutos de antelación.
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid ha emitido un auto en el que rechaza imponer medidas cautelares para que ambas compañías dejen de operar.
A juicio de la ACCO, esta norma discrimina a las VTC y establece cargas adicionales a la prestación de servicios urbanos dentro del ámbito geográfico del AMB.
"Si en algún momento se cuestionara nuestra forma de operar en Barcelona, lo que se estaría cuestionando es la forma de operar de las VTC tradicionales".
Así lo ha anunciado en un comunicado la plataforma, que, a pesar de "no estar conforme" con las nuevas reglas de juego, decide volver a la capital catalana para "rescatar" al sector y sus "miles de puestos de trabajo".
La institución de la Generalitat ha concluido que la precontratación de 15 minutos y la habilitación de los entes locales para aumentar este intervalo vulneran este derecho, ha informado en un comunicado.
El encuentro tiene lugar en medio de la disparidad de propuestas planteadas en las últimas semanas por los diferentes gobiernos regionales para entrar a regular los coches que dan servicio a plataformas como Uber y Cabify,
La patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) llevan su protesta ante la Comisión para lograr dar marcha atrás en la legislación catalana.
