Yihadismo

Como es habitual en Navidades, el Ministerio del Interior ha reforzado la seguridad dentro del Nivel 4 sobre 5 de Alerta Antiterrorista.

"Las circunstancias de un centro penitenciario son propicias para que personas vulnerables se conviertan en terrorista", ha recordado el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que no resulta "ni relevante ni necesario" para la investigación de los hechos.

La detención se ha producido en el contexto de un refuerzo policial con motivo de la celebración de la Semana Santa.

Boko Haram se creó en 2002 con el objetivo de derrocar al Gobierno de Nigeria e imponer una estricta interpretación de la 'sharia' o ley islámica en todo el país.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dejado a otros dos detenidos en libertad con medidas cautelares.

Fuentes policiales han extremado las medidas de seguridad personal y en comisarías, se ha reforzado la seguridad en zonas céntricas y se realizarán controles a vehículos de grandes dimensiones.

Estados Unidos: "Extremen la precaución alrededor de las áreas con movimiento de vehículos, incluidos autobuses".

El supuesto terrorista entró en España de forma ilegal en junio y residía en viviendas ocupadas para no dejar ningún tipo de registro.

El magistrado comenzó los interrogatorios a los presuntos miembros de esta red hace dos semanas.

El objetivo era unir fuerzas en torno a la causa que defendía el principal cabecilla, Mohamed Achraf, un yihadista muy conocido en las prisiones españolas, pues ha pasado interno más de una década.

Se trata de Abdelouahab Taib, un hombre de 29 años, vecino de la localidad de origen argelino y sin antecedentes penales. Su esposa asegura que en realidad lo atormentaba su homosexualidad y que esta sería la causa del ataque.

Espera que las administraciones se muestren unidas "en honor" a las víctimas.

El primo de Moussa y de Driss Oukabir ya notó "raros" a algunos miembros de la célula las semanas previas a los atentados.

Por delito de autocapacitación terrorista, tras publicar contenidos en las redes sociales de tipo radical y manifestar su intención de inmolarse en un autobús.

El fiscal pide siete años de cárcel para cada uno por publicar en las redes abundante material en el que se muestran preparados para matar.

El 21 de febrero se vota en Bruselas una recomendación sobre medidas para cortar las fuentes de ingresos de los yihadistas.

Jacobo Orellana, acusado de pertenecer a una célula que quería atentar en Barcelona, niega tener vínculos con el extremismo islámico.

El fiscal pide entre 7 y 19 años de prisión para los diez integrantes de la organización, entre ellos varios conversos.

Durante este año han destinado un 32% de su actividad policial a la lucha contra el yihadismo y han recibido 1.800 colaboraciones de la ciudadanía.