La mitad de los nuevos jubilados en 2018 tiene menos de 65 años

 

Entre enero y marzo de este 2018 se han jubilado casi 90.000 personas y de ellas sólo 50.500 tenían 65 años o más. Eso supone que casi unos 40.000 de los nuevos jubilados que se han dado de alta en el sistema no llegaban a los 65 años. Esta nueva cifra pone una vez más en evidencia la fuerte presión que sufre el sistema de pensiones.

De esta manera queda clara la tendencia de los ciudadanos por la jubilación anticipada en lugar de la prolongación de la vida laboral. Si nos detenemos en las cifras del primer trimestre, vemos como los 61 y los 63 años siguen siendo la edad de referencia para jubilarse de forma de forma temprana.

Esta tendencia lleva años repitiéndose en el mercado laboral español. En 2017 casi el 44% de las personas que decidieron jubilarse tenía menos de 65 años, cifra similar a la de 2016, 2015 y 2014, a pesar de que el Gobierno decidió endurecer el acceso a la jubilación anticipada y a la parcial en 2013 para contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Desde entonces, se supone que para jubilarse antes de tiempo hay que tener más edad, más años de cotización y asumir una pensión menor, puesto que los coeficientes de reducción son mayores. Sin embargo, se creo una excepción para a los trabajadores menores de 55 años despedidos antes del 1 de abril de 2013, que podían mantener las condiciones de la jubilación anticipada de la legislación previa. Pero a partir del año que viene desparece esta salvedad.

Ante estas cifras el Gobierno insiste una y otra vez en que hay conseguir que los ciudadanos decidan prolongar voluntariamente su vida laboral para hacer frente al reto demográfico que se avecina. Por eso, no podemos descartar nuevos cambios en la jubilación anticipada en la reforma que quiere presentar el Gobierno antes de finales de 2018. Recordemos que algunos expertos defienden incluso la necesidad de llevar a la edad legal de los 70 años.

Actualmente, el Pacto de Toledo ha conseguido limar las diferencias sobre el punto más polémico: la revalorización de las pensiones. Han acordado diseñar un nuevo índice que pivote sobre el IPC, pero que tenga en cuenta también otros elementos para evitar pérdidas de poder adquisitivo.