Penas más altas para quienes usen drogas para cometer delitos sexuales

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La Comisión de Igualdad del Congreso ha instado este jueves 17 de mayo al Gobierno a que incremente las penas en el límite inferior para quienes hacen uso de drogas y otras sustancias psicoactivas para cometer delitos sexuales.


La proposición no ley, que ha sido impulsada por el PSOE, ha sido apoyada por el PP, Ciudadanos y el grupo Mixto, mientras que el grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se ha abstenido, alegando que el agravamiento de las penas "no es una verdadera solución al problema".


Según explica el PSOE, la sumisión química está recogida en el Código Penal, en el apartado de abusos sexuales y, se puede aplicar a estos casos el artículo 181 de esta norma, el mismo por el que se condenó a los cinco miembros de 'La Manada'.


Este artículo contempla penas de uno a tres años para quien "sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona". Pero precisa que, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.


Durante el debate de la iniciativa, la socialista Ángeles Álvarez ha afirmado que España no ha cumplido con las recomendaciones de la ONU, en las que sugiere al Estado que introduzcan en sus legislaciones "circunstancias agravantes en los casos en que se administren subrepticiamente sustancias psicoactivas para cometer una agresión sexual". 


Para ella, "urge" prevenir las agresiones sexuales, "que son el pan de cada día de las mujeres", así como mejorar las herramientas de apoyo a las víctimas y la educación afectivo sexual.


Desde el PP, la diputada Marta González, que ha negado ese incumplimiento, ha apuntado que es "conveniente" la revisión de los delitos sexuales -como está estudiando el Ejecutivo, ha añadido-así como el agravamiento de las penas en algunos casos.


ESTADÍSTICAS 


La iniciativa también pide "indicadores estadísticos" para medir el alcance del fenómeno, descubrir el 'modus operandi' de los que usan estos medios para atentar contra la libertad sexual e identificar las sustancias psicoactivas utilizadas.


En este sentido, la diputada de Podemos Alicia Ramos ha denunciado que "no se conoce el alcance real" de este fenómeno que, a su juicio, es "cada vez mayor".


Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Martín cree que el uso de sustancias para inhabilitar a las víctimas es "creciente": "Queda mucho por hacer en este tema", ha recalcado.


Del mismo modo, el texto de la proposición no de ley llama a fomentar una campaña para incentivar que las víctimas busquen asistencia y servicios de análisis a la mayor brevedad, así como a adoptar medidas para concienciar al público -segmentos más vulnerables, profesionales de la salud y administraciones- acerca de la forma de actuar de los agresores y sobre los recursos que tienen las víctimas.

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