Competencia da 'luz verde' a Acciona para cerrar la venta de Trasmediterránea

 

Acciona ha logrado autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cerrar la venta de Trasmediterránea a la naviera Armas, una operación de 260,4 millones de euros.

La transacción se ha aprobado toda vez que Armas ha aceptado ceder la explotación de dos rutas regulares a una tercera empresa para evitar las restricciones a la competencia y el monopolio que la transacción generaría en las conexiones marítimas entre la Península con Melilla y Canarias, según informó el 'superregulador'.

Acciona acordó la venta de Trasmediterránea a Armas en octubre de 2017 en el marco de su estrategia de centrarse en sus tres líneas de negocio estratégicas, esto es, las infraestructuras de transporte y agua, y las energías renovables.

Con la obtención ahora de 'luz verde' por parte de la CNMC, el grupo que preside José Manuel Entrecanales cierra la venta de la naviera 16 años después de su compra en 2002, cuando la privatizó SEPI.

En su análisis de la operación, la CNMC no ha visto problemas de competencia en la operación en el caso de las rutas marítimas regulares de carga y pasajeros entre la península y Baleares y entre las islas de este archipiélago, en las que Armas "asumirá la posición que Trasmediterránea tenía en este mercado en el que no estaba presente", explicó la CNMC.

MONOPOLIO EN LAS RUTAS A CANARIAS

No obstante, la operación planteaba "riesgos para la competencia" en el caso de las rutas regulares entre la Península y Melilla, a Canarias y entre estas islas.

En el tráfico a Melilla suponía la desaparición de un competidor relevante, mientras que en el servicio a Canarias conformaba un monopolio, dado que Trasmediterránea y Armas son los dos únicos operadores.

Por ello, para lograr 'luz verde' de la CNMC a la operación, naviera Armas ha tenido que ceder a la naviera FRS de la operación de las rutas entre Motril y Melilla, y entre Huelva y Canarias.

Las dos firmas suscribirán contratos de fletamiento a tres años, con determinadas obligaciones en cuanto a uso de marcas y expedición de billetes, entre otras, que serán supervisados por el 'superregulador'.