jueves, 24 de septiembre de 2020

​Pensiones, presupuestos, déficit, deuda y autopistas, los retos de Pedro Sánchez

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Pedro sanchez nuevo presidente de españa


El incremento de las pensiones y la sostenibilidad del sistema, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda o el 'rescate' de las autopistas serán algunos de los principales retos económicos que tendrá que hacer frente el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.


Tras la aprobación de la moción de censura presentada por los socialistas contra Mariano Rajoy, el nuevo Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez tendrá que hacer frente a varios retos económicos y algunas tareas pendientes, con la dificultad de poder sacar adelante iniciativas en el Parlamento ante la ajustada aritmética parlamentaria.


Sánchez asume sus funciones de presidente con una economía en pleno crecimiento que, tras cerrar 2017 con un repunte del PIB del 3,1%, el Ejecutivo de Rajoy estimaba que este año crecerá un 2,7%, para después moderarse al 2,4% en 2019 y al 2,3% los dos siguientes ejercicios.


El nuevo presidente se comprometió a mantener los PGE del PP para este año, algo que parece garantizado porque el PP continuará con la normal tramitación en el Senado al no presentar ningún veto a las cuentas, y el PSOE tampoco va a vetar ni presentar ninguna enmienda. Aunque el resto de las formaciones de la oposición y que también apoyaron la moción de censura de Sánchez (Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu) sí han registrado sus vetos, previsiblemente sí verán la luz.


Así, Sánchez tendrá que trabajar para mantener el ritmo de crecimiento y para lograr los apoyos suficientes para poder sacar adelante el techo de gasto de 2019, paso previo necesario para la aprobación de los Presupuestos de 2019. También deberá renovar los acuerdos del PP en materia de pensiones y empleados públicos.


Uno de los principales asuntos que deberá abordar Sánchez es el referido al mercado laboral y las pensiones.


Está por ver también si el presidente socialista derogará la reforma laboral que llevó a cabo Mariano Rajoy en 2012 como le piden los sindicatos o si la mantendrá, como solicitan las patronales CEOE y Cepyme.


Mientras, el Pacto de Toledo lleva meses negociando para intentar alcanzar un acuerdo en pensiones, en medio de protestas y movilizaciones de los pensionistas. Con el Fondo de Reserva en unos 8.000 millones y un déficit de la Seguridad Social de 18.000 millones, el nuevo Gobierno tendrá que conseguir traducir a acuerdos los consensos que alcance el Pacto de Toledo, si es que finalmente lo consigue.


Igualmente, deberá decidir si varía el acuerdo suscrito entre los agentes sociales y Empleo sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que subía un 4% en 2018, hasta los 736 euros al mes en 14 pagas, un 5% en 2019 y un 10% en 2020.


DEUDA


Con este panorama y el posible impacto del alza del crudo y el paulatino fin de la política de estímulos del BCE, tendrá que trabajar por proseguir con la reducción de déficit y la deuda. 


España saldrá este año del procedimiento de déficit excesivo, desde Bruselas y la AIReF han advertido del riesgo de posible incumplimiento del objetivo de déficit del 2,2% del PIB. La meta de deuda es rebajarla al 97% del PIB.


Para alcanzar la meta presupuestaria y hacer frente al aumento en pensiones adicional, Montoro había comunicado a Bruselas la intención de crear un impuesto a las grandes tecnológicas, conocido como 'tasa Google', que se estudiaría en el marco del Pacto de Toledo, por lo que Sánchez deberá decidir si avanza en esa línea impositiva u optar por otras medidas.


El presupuesto alternativo del PSOE a las cuentas del PP contemplaba un aumento del gasto adicional de 8.000 millones de euros, con una recaudación de 6.420 millones a través de subida de impuestos en materia medioambiental a empresas y rentas altas. También proponía hacer frente al gasto en pensiones cargándolo a los impuestos y crear dos nuevos tributos, uno a la banca y otro a las transacciones financieras.


En el sector financiero está pendiente culminar la privatización de Bankia, cuya fecha límite para que el Estado deje de participar en el capital de la entidad financiera es el 31 de diciembre de 2019. También está pendiente la división de la CNMV.


TRANSICIÓN ENERGÉTICA


En materia energética, el nuevo Ejecutivo tiene por delante la tarea de encarrilar la transición energética. Con el denominado 'Paquete de Invierno' negociándose en Bruselas, España debe ir definiendo cuál será su 'hoja de ruta' en las próximas décadas.


Para ello, el Gobierno del PP estaba trabajando en ese borrador de Ley de Cambio Climático que, con un nuevo Ejecutivo ahora en La Moncloa, podría reelaborarse. 

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