Exdirigentes de Convergència admiten que el partido no ponía "filtros" para controlar las donaciones a CatDem

Francesc Sànchez durante una entrevista en TV3.

Antiguos responsables económicos de CDC han admitido este lunes ante el juez del caso del 3%, José de la Mata, que no había ningún tipo de filtro a la hora de controlar las donaciones que recibían las fundaciones del partido, CatDem y Fòrum, y han dicho desconocer la procedencia de estos ingresos.

Francesc Sànchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, exjefa económica financiera, y Carles del Pozo Cerda, exgerente y excoordinador del Área Económica, han explicado que dado que las que recibían aportaciones eran CatDem y Fòrum la ley no obligaba a un control estricto sobre el origen de los fondos.

El juez investiga si estas donaciones aportadas por empresarios a través de las fundaciones de CDC -que en teoría realizaban trabajos de asesoramiento- acababan en las arcas del partido a cambio de concesiones de obra pública en Catalunya.

Según los imputados, no había ningún filtro para conocer el origen de las aportaciones, por lo que han asegurado que ellos en el partido no tenían ninguna responsabilidad sobre quiénes hacían las donaciones.

SEÑALAN A GERMÀ GORDÓ

Sànchez, Benítez y Del Pozo han indicado que a las facturas que CDC giraba mensualmente a CatDem se les asignaban conceptos "genéricos" o "vagos" y siempre con los mismos importes, con lo cual no se pueden conectar con las donaciones, y que era Germà Gordó, exgerente, el que se encargaba de estas facturas.

También han remarcado que la estructura económica de CDC coincidía con la estructura económica de las fundaciones del partido, de modo que, los investigados no han dejado del todo claro quiénes eran los responsables de hacer el seguimiento efectivo de los donantes.

ESTRUCTURA ECONÓMICA DE CONVERGÈNCIA

El fiscal del caso ha solicitado al magistrado que reclame a CDC aclaración de las facturas mensuales que se giraban a CatDem con el fin de dilucidar si las donaciones servían para financiar a la formación soberanista a cambio de adjudicaciones.

El sistema de facturación a las donaciones funcionó desde 1996 y los tres investigados han destacado la importancia de estos ingresos en los años en los que Germà Gordó ejerció la Gerencia del partido debido a su "marcado peso político" y su "personalidad".

Cuando Gordó dejó este cargo, en 2011, apreciaron una merma de los ingresos vía fundaciones.

Tras los interrogatorios de los tres imputados, Montse Vinyets, abogada de la CUP, partido que ejerce la acusación popular en esta causa, ha manifestado su extrañeza de que no se hiciese una "monitorización" de las donaciones.