La Generalitat recupera el volcán de Santa Margarida para garantizar su conservación

 

El cráter del volcán de Santa Margarida, en Santa Pau (Girona), ha pasado a ser de titularidad pública para garantizar su plena conservación y un uso a disposición de toda la ciudadanía, según han destacado este viernes el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, y el presidente de la Diputación de Girona, Pere Vila.

En un acto para dar detalles de la adquisición de la finca correspondiente al cráter de Santa Margarida, dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, han informado de una aportación de 1,16 millones a cargo de la Diputación, de los que la Generalitat asume la mitad (580.000 euros) a través de una subvención a la corporación que, a la vez, cedirá la gestión al equipo del parque.

En el acto, Calvet ha destacado que con esta compra se combina un paso para la "identidad y el progreso del país", y ha remarcado la perserverancia que ha permitido culminar el proceso y preservar este espacio natural.

Vila ha puesto en valor la importancia de la adquisición explicando que "las administraciones están para ayudar a las personas, el país y su patrimonio", y han coincidido en destacar el consenso que ha habido en todo momento con los antiguos propietarios.

La finca, de 12 hectáreas de superficie, ha pasado a ser de titularidad pública, sumándose a una adyacente de 17 hectáreas que ya era de la Generalitat, por lo que en total el espacio suma 29 hectáreas del volcán, contando el cráter y la finca El Roure.

CASI EL 20% DE LA RESERVA NATURAL

Si se tienen en cuenta los caminos del Ayuntamiento de Santa Pau, el espacio alcanza las 33 hectáreas, lo que representa el 19,4% de la reserva natural del volcán -de 170 hectáreas y 16 propietarios-.

Con la compra, queda garantizada la gestión pública de los tres polos de atracción del parque natural: Santa Margarida, el Croscat y la Fageda d'en Jordà.

La oportunidad de adquisición se planteó en 2014, cuando los antiguos propietarios manifestaron la intención de vender la finca, pero con la voluntad de hacerlo a la Administración en primera instancia.