Los Mossos d’Esquadra preparan acciones de protesta por falta de agentes y de recursos

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Los Mossos d'Esquadra se plantean acciones de protesta (Europa Press)


Los Mossos d’Esquadra vuelven a plantear la insuficiencia de su plantilla en momentos críticos y el impago de las horas extras con las que los responsables de la policía autonómica catalana tratan de parchear tal situación. La protesta de los agentes podría llevarles a una negativa de alargar horarios o a una baja por indisposición en masa.


Así, según revela el diario barcelonés ‘El Periódico’, para culminar el despliegue de los Mossos en Catalunya -y sustituir las funciones del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Guardia Civil- el Govern planificó alcanzar una cifra de mínimos: 18.267 agentes en el año 2015. Pero en el 2011, debido a la crisis económica, interrumpió la convocatoria de nuevas plazas. Actualmente hay 16.610 agentes, según el Idescat. Un objetivo que se proyectó sin tener en cuenta la amenaza del terrorismo yihadista.


Tras los atentados en Francia, contra la revista 'Charlie Hebdo' y la discoteca Bataclan, ambos en el 2015, se elevó el nivel de riesgo de atentado al nivel de 4 sobre 5 y ello obligó a activar un Plan Operativo Específico (POE) Antiterrorista que poned al límite al cuerpo de los Mossos.


Por todo ello, resulta imposible atender adecuadamente otras tareas de prevención que hasta hace bien poco se consideraban prioritarias: los robos en domicilios, los carteristas del Metro, la venta ambulante ilegal, los controles de tráfico o la presencia uniformada en zonas de ocio nocturno. Actualmente, según dicen los agentes, la protección de edificios o multitudes susceptibles de ser atacados por terroristas -de esto se encargan las unidades especializadas- y dar respuesta a las llamadas de emergencia diarias, como peleas o casos de violencia doméstica -servicios que atienden las patrullas-, saturan la capacidad del cuerpo.


SEGURIDAD CIUDADANA BAJO MÍNIMOS


Los cimientos de los Mossos d’Esquadra están en los agentes de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), los policías rasos que patrullan y son los primeros en llegar cuando el ciudadano marca el teléfono 112, explica el reportaje de ‘El Periódico’. El resto de unidades especializadas del cuerpo se nutren de esta base ante la falta de convocatorias de nuevas plazas. 


La ausencia de efectivos se nota incluso en las OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), sección que recoge las denuncias. En la comisaría de Ciutat Vella, sin ir más lejos, las colas de ciudadanos que acuden a denunciar robos o agresiones son diarias en verano. Este último jueves, una agente avisaba en la puerta de que la espera podía ser de "hasta tres horas". Un tiempo que, en ocasiones, invita a marcharse sin denunciar un delito que, de este modo, nunca aparecerá recogido en ningún balance.


En Barcelona, según relata el diario, la gravedad del problema afloró sin tapujos en la última Junta de Seguretat Local. La alcadesa Ada Colau pidió públicamente más mossos para luchar, junto a la Guardia Urbana de Barcelona, contra la plaga de los narcopisos, los carteristas y las zonas de venta ambulante ilegal (como la enquistada en el Port Vell) y la respuesta del conseller d’Interior, Miquel Buch, fue contundente: "No".


INVERSIÓN EN RECURSOS MATERIALES


"Nuestra función se dividía antes en entrenar, hacer prevención y dar apoyo a los agentes de seguridad cuidadana o de operaciones", resume un agente antidisturbios de Barcelona. "Pero ahora nos pasamos la jornada entera dentro de la furgoneta haciendo prevención antiterrorista", explica. Esto significa que cada vez hay menos antidisturbios para acompañar a las patrullas si un servicio se complica. 


Y no solo eso, también la falta de inversión en recursos materiales: las prácticas de tiro con los nuevos subfusiles H&K -las escogidas para repeler un yihadista con ametralladora- son de solo 5 o 10 disparos por agente al año, las furgonetas "omienzan a estropearse y no existen espacios bien acondicionados para entrenar un asalto con rehenes, detallan.


NO A LAS HORAS EXTRAS EN SETIEMBRE


A la ausencia de soluciones no es ajeno el hecho de que Interior ha tenido hasta cuatro jefes distintos en el último año, incluído Juan Antonio Puigserver en aplicación del artículo 155, y la sobrecarga de trabajo que han acarreado los atentados del 17-A y la crisis política y judicial del 1-O. Una situación que ha provocado que este mes de agosto haya arrancado una protesta interna contra el Departament d’Interior y la Direcció General de la Policía de Catalunya. Un manifiesto pactado entre unos 3.000 policías reunidos en un grupo de Telegram ha acordado no hacer más horas extras a partir del mes de septiembre. La medida pondría en jaque nada menos que el POE Antiterrorista y, según diversas fuentes, está teniendo un seguimiento importante en muchas comisarías.


Así, según revela ‘El Periódico’,este manifiesto, "apolítico", hace referencia explícita al 17-A y al "clima" desencadenado tras el 1-O. Porque ambos fenómenos han supuesto llevar a cabo un "sobreesfuerzo físico y anímico" con "incontables horas de seguridad ciudadana, de protección antiterrorista y de dispositivos por elecciones y manifestaciones que se han tenido que realizar con una plantilla absolutamente bajo mínimos de personal". A esta situación, concluyen, se ha llegado a causa de la "lamentable gestión de responsables políticos y mandos policiales superiores, que se han mostrado totalmente irrespetuosos ante las necesidades y prioridades de un colectivo especialmente castigado por la falta de recursos".


REINTEGRO DE RECORTES, CONCURSOS DE TRASLADO Y HORARIOS


La negativa a realizar horas extras "queda a la espera", matizan, de la respuesta que reciban por parte de la administración. Tampoco "descartan otro tipo de acciones". Entre estas posibles iniciativas suplementarias se ha debatido promover una 'gripe azul', consistente en presentar en masa bajas por indisposición que podrían comprometer seriamente el servicio de seguridad ordinario que prestan los Mossos.


El dispositivo Àgora, activado por decreto para cubrir la celebración del referéndum independentista -y los incidentes que se alargaron durante casi todo el mes de octubre-, reportaba a cambio 750 euros en horas extras por agente. 


Pero a día de hoy solo han cobrado los antidisturbios. Este impago ha funcionado, en gran parte, como un detonante para la protesta, que ahora pide el resto de atrasos. Esencialmente, exigen que se abonen las horas del Àgora, que cada hora extra deje de remunerarse a un precio inferior que la hora normal, que se reactiven los concursos de traslado entre comisarías, que se revisen los horarios y que se devuelvan los días de asuntos personales perdidos. En igualdad de agravios que el resto de funcionarios catalanes -los del Estado ya lo han recuperado-, los Mossos quieren asimismo el reintegro de las pagas recortadas en el 2013 y 2014 y cobrar el 100% del sueldo desde el primer día de la baja médica.


PROTESTA PROMOVIDA POR LOS AGENTES Y SECUNDADA POR LOS SINDICATOS


El reportaje señala que los sindicatos califican de "mal endémico" la ausencia de efectivos y ponen de relieve que esta protesta "salga de los propios agentes", subraya el secretario general del SME, Toni Castejón, "porque demuestra el nivel de hartazgo existente". "Estamos todos de acuerdo con esta movilización", aclara la portavoz del CAT, Mónica Saltor, y que "no la hayan promovido los representantes sino los propios trabajadores todavía le otorga más credibilidad", coincide.


"Están tan enfadados porque llevan tiempo maltratados por la administración", juzga David Miquel, portavoz del SPC. "Ha habido atentados, manifestaciones, protestas y los agentes han estado a la altura. Ahora Interior no puede poner excusas para pagar". Para Valentín Anadón, portavoz de Fepol, la situación ha llegado a un punto "insostenible" y ahora ya peligra "tanto la integridad de los agentes como la calidad del servicio".


Por su parte, fuentes de la Conselleria d'Interior recuerdan que el equipo de Miquel Buch desembarcó hace tan solo dos meses y que, en este tiempo, el Govern ya se ha reunido con todos los sindicatos y ha aprobado un crédito extraordinario de nueve millones de euros para horas y material. El compromiso, subrayan, es el de "seguir trabajando para mejorar las condiciones laborales de los Mossos".

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