Conoce las bazas de la defensa del juez Llarena en Bélgica

 

Juez Pablo Llanera

Un juzgado civil francófono de Bruselas celebra este martes a las 9.00 horas la vista en la que se analizará con carácter preliminar la demanda civil por la que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers pretenden que el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena a petición de Carles Puigdemont.

En la vista el bufete belga Liedekerke, el abogado, Hakim Boularbah, planteará en primer lugar si la justicia del citado país europeo puede inmiscuirse en un asunto que está pendiente de ser juzgado en España, es decir recurrirá a la inmunidad de jurisdicción de la justicia española como estrategia de defensa.

Boularbah argumentará que el proceso civil iniciado por Puigdemont puede considerarse como un proceso ante un tribunal de un estado incoado contra otro estado, y ello, "tiende efectivamente a menoscabar los derechos, intereses o actividades de España, por la directa afectación a la actividad de una persona física que es representante de Poder Judicial ".

El bufete Liedekerke también hará alusión a la manipulación de las palabras que se han recogido en la demanda. El magistrado del Supremo, Pablo Llarena, sostuvo en Oviedo sobre si había presos políticos en España, que “no es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, tienen que ser investigados”.

Sin embargo, la afirmación que recoge la demanda del letrado Gonzalo Boye es : "con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados". Una hipótesis en condicional que se tradujo cómo una afirmación taxativa.

Este falseamiento de las palabras del instructor del ‘procés’ no es baladí puesto que afecta al fondo del asunto y cambia una posibilidad por una afirmación contraria a la presunción de inocencia de los investigados por el Alto Tribunal.

España, que comparece este martes de forma voluntaria en dicho acto  defenderá así la soberanía jurisdiccional de los tribunales de Justicia españoles. Y como el magistrado del Supremo no está obligado a personarse en Bruselas y, por lo tanto, no se desplazará hasta dicho país este martes.

El trámite previsto consiste en la recepción de los escritos de las diferentes partes y que es posible que acuda presencialmente "alguno de los demandantes", sin aclarar si alguno de ellos será el propio Puigdemont. 

El tribunal no tiene porqué pronunciarse esta mañana sobre su competencia en este asunto y que puede que no resuelva de forma definitiva hasta principios del próximo año.

La insólita demanda y la gestión del asunto por el Ministerio de Justicia ha provocado una gran tensión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya respuesta ha derivado desde una posición inicial contraria a defender personalmente al juez -justificándolo en que la demanda se basa en unas manifestaciones realizadas por Llarena en un acto privado- a la contratación de un bufete en Bélgica por 544.982 euros con la encomienda de defender tanto la soberanía de los tribunales españoles como al magistrado.

Coinciden en la Sección de Civil del Palacio de Justicia de Bruselas tanto los abogados de Puigdemont y de sus exconsellers Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig como los letrados del bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, que ha sido el contratado por el Gobierno para representar a España en este litigio.

Los exconsellers y Puigdemont argumentan en su demanda que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y se basan en una manifestaciones realizadas por el juez el pasado mes de febrero en Oviedo, donde acudió a dar una conferencia.