Jueces ven "inverosímil" que el Gobierno prometiese a Catalunya influir en la Fiscalía

Las principales asociaciones de jueces han restado credibilidad a las palabras del conseller de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall; porque consideran "inverosímil" que, como él ha afirmado, el Gobierno se comprometiese a orientar a la Fiscalía en relación al procedimiento por el referéndum ilegal del 1-O.

Es la conclusión a la que llegan en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), cuyo portavoz, Celso Rodríguez, habla de "rumor" porque lo contrario, es "inconcebible". 

"Resulta absolutamente impensable que nadie pueda entender que alguien se compromete a influir en las decisiones judiciales, cuando éstas tienen su cauce, obedecen exclusivamente a la ley y están al margen de cualquier injerencia", ha comentado.

"Es inverosímil que se haya comprometido porque sería tanto como comprometerse a una actividad delictiva", añade Manuel Almenar, presidente de esta asociación donde sólo conciben como escenario "posible" que todo el Gobierno esté "llevando hasta sus últimas consecuencias el escrupuloso respeto al esquema de división de poderes en un Estado de Derecho".

En Juezas y Jueces por la Democracia, Ignacio González, insiste en la importancia de "respetar la autonomía del Ministerio Fiscal", que "debe actuar de forma autónoma del Gobierno". 

"Siempre se ha criticado de gobiernos anteriores que Fiscalía actuaba como su brazo ejecutor, así que lo que hay que hacer es respetar su autonomía porque actúa con criterios técnico jurídicos: Si hay hechos que revisten carácter de delito, debe actuar y en caso contrario, no".

Por su parte, la Asociación Francisco de Vitoria pone el acento en el conseller que ha vertido esas afirmaciones, porque "demuestra la ignorancia y el desconocimiento de lo que es un Estado de Derecho" y "algo así no lo va a hacer un Fiscal aunque se lo dijera el Gobierno", en palabras del portavoz Raimundo Prado. 

Por su parte, Concepción Rodríguez, portavoz del Foro Judicial Independiente, dice no tener "constancia" de que el Gobierno esté tratando de orientar a la Fiscalía y lo tilda, en principio, de "un simple rumor". 

Advierte, en todo caso, de que si fuera cierto "no se estaría respetando la separación de poderes". "El Gobierno no puede inmiscuirse en el Poder Judicial ni en funcionarios públicos que son autoridad independiente", ha zanjado.