Las excusas de la interventora de la Generalitat sobre el 1-O

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Urna referendum octubre ep


Cristóbal Montoro es la mejor excusa de la interventora de la Generalitat para defender que no vió partidas de dinero públicas destinadas a sufragar el referéndum ilegal del 1-O.


Así es como Rosa Vidal ha usado al exministro de Hacienda, y sus declaraciones que ceritificaban que no se había destinado "ni un euro público" al 1-O, para escudarse ante el juez este martes.


Vidal, investigada por desobediencia y falsedad documental, ha defendido que ella se limitó a validar la información contable de la Generalitat pero no le corresponde determinar si lo que dice la documentación puede ser mendaz.


Ha asegurado al juez que, en base a los expedientes, no se puede afirmar que haya habido gasto público destinado al 1-O, del mismo modo que lo certificó Montoro, que tenía intervenidas las cuentas de la Generalitat en octubre de 2017.


La interventora ha recordado que cuando el Tribunal Constitucional suspendió el 1-O, ella misma bloqueó aquellas partidas destinadas a procesos electorales y consultas populares, que sumaban 6,2 millones de euros.


Posteriormente, no volvió a descubrir otras partidas que pudieran estar destinadas a ese fin, según la información que le facilitaban, abundando en que la documentación no reflejaba en ningún caso un gasto para el 1-O y no era su trabajo descubrir si ese era su fin.


Los investigadores de la Guardia Civil tienen en el punto de mira tres partidas que suman 306.361 euros y que estaban relacionadas con el pago de observadores -'Análisis del contexto político de Catalunya (relacionado con Helena Catt)', 'Trabajo de expertos Europa' y 'Programa de visitantes internacionales'-, que tienen supuestos descuadres de información.


Tanto el Diplocat como la Unidad gestora de la Secretaría de Acción Exterior y de la UE del Departamento de Acción Exterior, que dirigía Raül Romeva, tienen una partida presupuestaria con la misma numeración, como es la D/22600052310.

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