El fraude de realquiler y la venta de viviendas protegidas, bajo la lupa del Síndic de Greuges

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El Síndic de Greuges de Catalunya ha abierto este jueves una actuación de oficio para determinar si las administraciones competentes en materia de vivienda ejercen un control suficiente en relación con el uso, la cesión y la venta de viviendas de protección oficial, tras trascender casos de fraude y abusos en este tipo de domicilios.


Ha informado en un comunicado que se dirigirá la Agencia de Vivienda de Catalunya, organismo que dispone y gestiona parte del parque público de viviendas y que tiene capacidad sancionadora si se detectan casos de fraude o mal uso, y pedirá información a otras administraciones que disponen de viviendas públicas.


De acuerdo con la normativa vigente, la institución ha subrayado que las viviendas con protección oficial se tienen que destinar a la residencia habitual de los propietarios y ocupantes, y que también se impide la especulación de estos domicilios.


"Las viviendas protegidas no se pueden realquilar ni alquilar parcialmente, ni tampoco pueden ser destinadas a segunda residencia u otros usos incompatibles con la vivienda. Asímismo, las rentas de alquiler y los precios de venta de las viviendas protegidas están limitados a unos importes máximos", ha sostenido.


También ha recordado que en 2015 presentó en el Parlament el Informe sobre el acceso a la vivienda social, en que ha subrayado que alertó sobre las prácticas indebidas y sobre la necesidad de incrementar el control público en este ámbito.


El Síndic ha señalado que recomendó que las administraciones titulares de estas viviendas llevasen a cabo inspecciones periódicas de su parque público para comprobar posibles situaciones de desocupación, cesión y alquileres no autorizados, y que sugirió la creación de un servicio administrativo específico que realizase estos controles.

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