Doble poder

Lluís Rabell
Traductor, activista y político

Doble poder puigdemont torra ep



Toda una tradición de la izquierda marxista tuvo entre sus grandes referentes la oleada revolucionaria que se desencadenó al final de la Primera Guerra Mundial. En Rusia, en Hungría, en Alemania… el hundimiento de los viejos imperios daba paso a revueltas populares y movimientos insurgentes. En el curso de los mismos surgían organismos de elección directa que esbozaban una nueva legalidad, desafiando la autoridad de gobiernos y Estados en quiebra. Naturalmente, esas situaciones de 'doble poder' sólo podían ser efímeras: más temprano que tarde, tenía que resolverse el pulso entre los vestigios de los antiguos regímenes y el nuevo orden que pugnaba por nacer.


Pues bien, se diría que el independentismo intenta hoy perfilar – de momento en un plano meramente simbólico, pero altamente significativo – una situación de 'doble poder' entre las legítimas instituciones de autogobierno y unos organismos privados – auspiciados sin embargo desde la propia Generalitat – que supuestamente encarnarían el 'mandato democrático del 1-O': un Consejo de (ahora, 'por') la República, un consejo asesor en vistas a un futuro proceso constituyente, un censo de inscripción voluntaria (previo pago)… Sin olvidar la Asamblea de Cargos Electos. Es cierto que, si comparamos el diseño final de estos dispositivos con la idea primigenia, que subordinaba literalmente la Generalitat al 'Govern en el exilio', cabe constatar que el propósito inicial aparece bastante diluido. ¿Ejercicio de realismo? ¿Resultado del forcejeo entre ERC, claramente al alza, y el entorno de Puigdemont, necesitado de recuperar protagonismo político? Sea cual sea la explicación, y aún tornándose vaporoso, esa diseño institucional paralelo no deja de ser sintomático de un grave problema de fondo. Y, considerando el momento en que se pretende iniciar su despliegue – al final de la instrucción de la causa contra los dirigentes independentistas y con la sociedad catalana conmocionada por las duras condenas solicitadas por la Fiscalía -, la iniciativa no podía ser más desafortunada… ni más irresponsable.


Tras la insinuación de tales instituciones alternativas no existe ninguna dinámica revolucionaria, ni mandato democrático alguno. El 1-O supuso una gran movilización de aquella parte del país favorable a la independencia; pero en el marco de una convocatoria excluyente para más de la mitad de la ciudadanía e incapaz de concitar ningún reconocimiento. Recientes encuestas apuntan a que menos de un tercio de la opinión pública considera el 1-O emisor de un mandato. 


Las 'nuevas instituciones' se inscriben en la misma lógica de exclusión. Una lógica populista que degrada la democracia. Se trata de organismos, formados exclusivamente por independentistas, que se auto-legitiman para representar al 'pueblo'. De momento, por la fuerza de las cosas, dicen actuar de manera paralela a las estructuras del auto-gobierno catalán. En el caso del Consell per la República, se pone incluso de relieve su vocación de convertirse en una 'plataforma de internacionalización del conflicto'. Pero todo ello rezuma desprecio hacia la gestión de los problemas de la población: miseria 'autonomista'. La dinámica intrínseca de estos montajes no puede por menos que minar las instituciones basadas en el sufragio universal de la ciudadanía, agravando la crisis de credibilidad que las aqueja. Josep Costa, Vicepresidente 1º del Parlament, lo expresaba así en una reciente entrevista: "Tener un parlamento no es imprescindible para llevar a cabo un proceso de independencia". A los sacerdotes que interpretan las esencias de la nación se les antoja engorrosa la democracia representativa. La mera existencia de un parlamento, con representantes de las diversas opciones políticas, pone de manifiesto la realidad compleja de nuestra sociedad. Y eso perturba el relato de un pueblo homogéneo, movido por un único anhelo nacional.


Discursos simbólicos, pero no inocuos. Estamos a las puertas de un juicio que marcará el futuro de Catalunya y de España. La Fiscalía habla de un intento de subvertir las instituciones democráticas. Lo hace invocando, es cierto, una violencia que nunca existió. ¿A quién benefician estas gesticulaciones tan inflamadas como impotentes?

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