domingo, 17 de noviembre de 2019

La defensora europea afirma que hubo negligencia del BEI al financiar el proyecto Castor

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Castor


La defensora del pueblo europeo, Emily O'Reilly, ha emitido una resolución este jueves en la que cualifica de mala administración la actuación llevada a cabo por el Banco Europeo de Inversión (BEI) en relación al caso Castor.


La resolución hace referencia a la petición que la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Terres del Sénia dirigió al BEI para que dejara de financiar el proyecto, alegando movimientos sísmicos e irregularidades medioambientales, ha informado el Síndic de Greuges en un comunicado.


El BEI, que tardó más de cuatro años en responder, atribuyó la dilación a discrepancias entre los equipos técnicos internos y también con terceras partes contratadas, algo que O'Reilly ha considerado inadmisible.


La defensora del pueblo europeo ha recomendado al banco que busque fórmulas conciliadoras para llegar a un acuerdo cuando se produzcan situaciones que frenen las investigaciones internas y que cuando contrate empresas externas se establezcan una garantías mínimas que eviten casos como este.


SENTENCIA TC


Esta resolución llega un año después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el real decreto ley que daba cobertura a la indemnización a Escal y al pago con cargo a los contribuyentes, y de diversas sentencias del Tribunal Supremo (TS) que anulan los pagos ya hechos en 2015 y 2016.


Sin embargo, la sentencia fue ejecutada a futuro por la administración y no anuló ni restituyó el pago de la indemnización ni las cantidades ya pagadas para las personas consumidoras entre 2015 y 2016.


SÍNDIC DE GREUGES


En noviembre de este año, el TS estimó un recurso contencioso-administrativo presentado por la patronal catalana Cecot, reconociendo la obligación de la devolución a los consumidores de gas de los más de 17 millones de euros percibidos por Enagás en concepto de operación y mantenimiento del almacenamiento subterráneo de gas de Castor durante 2014 y 2015.


En vista de ello, el Síndic de Greuges recordó al Parlament la necesidad de instar al Estado de hacer efectivo el retorno de todos los pagos relacionados con la plataforma Castor.


El defensor del pueblo catalán también ha recordado que está pendiente una auditoría técnica que determine el grado de responsabilidad de Escal en los sismos, y considera que es necesario estudiar el posible desmantelamiento de la plataforma.


"La afectación que ha causado el almacén Castor en las personas que habitan en la zona, principalmente Alcanar, Sant Carles de la Ràpita y Ulldecona (Tarragona), es incuestionable", ha concluido.

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