El escándalo de los contratos de la DGAIA: su exdirector adjudicó a tres fundaciones vinculadas con él

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Exdirector ricard calvo dgaia


El exjefe de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat Ricard Calvo firmó contratos e informes favorables a adjudicaciones a fundaciones con las que tenía relación laboral anterior --en una estaba en excedencia--, ha explicado la diputada del PSC en el Parlament Beatriz Silva.


La socialista ha señalado que estas contrataciones contradicen a la exconsellera Dolors Bassa, que aseguró que Calvo no había estado en ninguna mesa de licitación, y según ha publicado 'El Periódico' benefician a las entidades Fundació Acció Social Infància (Fasi), Fundació Resilis y Fundació Gentis --vinculadas a Plataforma Educativa, de la que Calvo fue gerente y a la que volvió meses después de dimitir--, y algunos contratos superan el millón.


Silva requirió a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias expedientes referentes a adjudicaciones de atención a menores durante el mandato de Calvo, y ha tenido acceso a una veintena, en los que ha comprobado que figura su firma en la adjudicación o, cuando son de más cuantía y debe firmar la consellera, muchos "trámites previos están firmados por él", según refleja un documento.


En una comisión parlamentaria este miércoles, el PSC y Cs han pedido la comparecencia de Calvo --ya le fue requerido en 2017 pero no acudió por una indisposición--, mientras que los socialistas también han reclamado que comparezca sobre este asunto en sede parlamentaria el actual conseller, Chakir el Homrani.


Estas presuntas irregularidades salieron a la luz a raíz de una investigación de CGT, que presentó una denuncia junto a la CUP y aseguró a la prensa que el entonces director de la Dgaia había adjudicado varios contratos por unos 98 millones a estas entidades.


INVESTIGACIÓN EN 2017


El sindicato pidió auditorías ante "prácticas empresariales" y hechos como que Fasi pagaba alquileres de pisos de cerca de 5.000 euros mensuales, quintuplicando el precio de mercado, a Casa Equipaments, una sociedad limitada que según CGT estaba participada en el 60% por la fundación.


Actualmente, el Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona tiene diligencias abiertas por presuntas irregularidades en de alquileres de pisos durante la gestión de Calvo de la Dgaia, según fuentes judiciales, que han añadido que todavía no se ha citado a declarar al exjefe de la Dgaia.


A través de un portavoz, Calvo ha afirmado este miércoles: "Espero que si hace falta esclarecer algún aspecto de este periodo --en referencia a cuando dirigió la Dgaia, entre 2016 y 2017--, se pueda hacer lo más pronto posible, para poder dar las explicaciones que haga falta y así resolver definitivamente esta presunta situación".


Ha recordado que estos hechos se encuentran en proceso de análisis por parte de algunos organismos: "Confío en que quedará totalmente resuelto una vez analizados los datos", sobre los que asegura que no son nuevos, y ha asegurado que, por su parte, continuará trabajando para mejorar la atención a las personas, especialmente la infancia en riesgo, en declaraciones.


SEGÚN LA CONSELLERIA


Fuentes de la Conselleria consultadas han recordado que Calvo dimitió y no ocupa ningún cargo en el departamento desde agosto de 2017, y han reiterado que colaboran para que la investigación de los hechos logre sus objetivos de transparencia: "Y si se detecta cualquier tipo de irregularidad actuaremos en consecuencia".


Se han remitido a las investigaciones que están actualmente en curso en la Justicia, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) y el Protectorat de Fundacions de la Generalitat: "No podemos hacer ningún juicio sobre la cuestión porque el procedimiento todavía está abierto".


La Conselleria inició expedientes de información reservada pero se suspendieron por el inicio de actuaciones judiciales, como prevé la ley: "Desde el primer momento, nuestro departamento ha facilitado toda la información que nos ha sido solicitada", ha afirmado.


En un informe del 16 de enero, la Sindicatura de Cuentas detectó que en el cálculo de las cuantías otorgadas en subvenciones a entidades en 2016, la Dgaia "introdujo criterios que no estaban previstos o eran contrarios a los previstos en las Bases de la convocatoria".


También detectó "criterios de cálculo que no eran directamente proporcionales a la puntuación obtenida después de la valoración de las solicitudes", contrariamente a lo que indicaba la convocatoria, según el informe, firmado por el síndico mayor, Jaume Amat.

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