Los fiscales superiores de España condenan el ataque a la Fiscalía Superior de Catalunya

En un comunicado, los fiscales superiores, que ya mostraron ayer en las redes sociales su "repulsa a este acto de violencia", rechazan así cualquier ataque o forma de presión a una institución que "en todo caso no va a quebrar la decidida voluntad de los fiscales para seguir defendiendo en Catalunya el respeto por la Ley, los valores constitucionales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".

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Pintura fachada fiscalía superior

 

Los diecisiete fiscales superiores de las comunidades autónomas han expresado su "firme y enérgica condena" contra el ataque con pintura a la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya que tuvo lugar en la noche del viernes.



En un comunicado, los fiscales superiores, que ya mostraron ayer en las redes sociales su "repulsa a este acto de violencia", rechazan así cualquier ataque o forma de presión a una institución que "en todo caso no va a quebrar la decidida voluntad de los fiscales para seguir defendiendo en Catalunya el respeto por la Ley, los valores constitucionales y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos".


"Seguiremos mostrando nuestro apoyo y solidaridad a la labor de los compañeros fiscales de Catalunya tal y como hemos puesto de manifiesto en distintos foros y actos públicos desde que se inició la investigación judicial por el proceso soberanista", apunta el comunicado.


El ataque se produjo en los aledaños de una manifestación que habían convocado los CDR desde el cruce entre Rambla Catalunya y la avenida Diagonal para protestar contra el juicio del proceso soberanista y el traslado de los presos a Madrid.


A la vez, a las 20.30 horas se estaba celebrando una concentración de la ANC frente a la sede del Parlamento y la Comisión Europea (CE) en Barcelona (a escasos 200 metros de la Fiscalía) y varios manifestantes de la entidad ocuparon la sede europea para entregar una carta dirigida al presidente de la CE, Jean Claude Juncker, en la que piden que actúe por la "vulneración de derechos" del Estado.

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