​El 28-A da más margen a los intermediarios fiscales para evitar sanciones

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La convocatoria de elecciones para el 28 de abril da unos meses de tiempo a los intermediarios fiscales para adaptarse a la nueva directiva europea sobre nuevos deberes y sanciones para el sector, que inicialmente debería entrar en vigor antes del 31 de mayo, pero que previsiblemente empezará a aplicarse antes del 31 de diciembre por falta de tiempo.


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Esta directiva afecta a abogados, economistas, asesores fiscales, entidades de inversión o bancos que hacen planificaciones fiscales agresivas para sus clientes, muchos de ellos futbolistas de élite.


Esta norma europea debía trasponerse antes del 31 de mayo, pero el parón legislativo del 28-A hace que los expertos no vean posible el cumplimiento de esta fecha. Así lo explicó en el marco del XV Foro de Fiscalidad Internacional, celebrado este martes, el subdirector general de Tributos de la Dirección General de Tributos, Carlos Gómez.


Fuentes del colectivo de asesores fiscales consideran que no hay tiempo y que, a la vez, eso supone un respiro para los profesionales porque la directiva transformará su actividad profesional, alejándola de lo que se entiende como una planificación fiscal agresiva.


El objetivo de la Comisión Europea con la nueva normativa es obligar a abogados, asesores, contables y bancos a que informen a las autoridades tributarias nacionales de las estructuras fiscales internacionales que diseñan.


Las elecciones del 28-A no impedirán que esto se ponga en marcha, pero sí harán que entre en vigor más tarde de los previsto inicialmente.


FUTBOLISTAS


Desde que se conoció la nueva ley, la atención se dirigió a supuestos casos de fraude fiscal de reconocidos futbolistas con esquemas de planificación fiscal de dudoso contenido legal.


La obligación de informar a las autoridades tributarias afecta también a personas físicas o jurídicas que realicen las operaciones sin intermediario, o bien si este intermediario está fuera de la Unión Europea o está amparado por el secreto profesional.


Así, los contribuyentes deberán presentar la información en un plazo de 30 días a partir del día siguiente de que el sistema transfronterizo se haya hecho efectivo.

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