El TSJC admite la querella por desobediencia contra Torra por su negativa a retirar los lazos

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra Quim Torra por un presunto delito de desobediencia.


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El delito arranca de la negativa del president, en un primer momento, de retirar los símbolos independentistas --lazos amarillos, esteladas y mensajes en apoyo a los políticos presos-- de los edificios públicos de la Generalitat tal y como le solicitó la Junta Electoral Central (JEC).


Tras una semana de tiras y aflojas, Torra se avino a retirar los símbolos --previa intervención del Síndic de Greuges-- aunque los sustituyó por otros más genéricos en favor de la libertad de expresión. La JEC consideró esta actuación una forma de esquivar la orden dictada y procedió a interponer una querella que ahora entra en trámite de enjuiciamiento en el TSJC.


"FLAGRANTE INCUMPLIMIENTO"


En un auto recogido, la Sala de lo Civil y Penal declara su competencia para conocer de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Catalunya el 27 de marzo y designa instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos.


El tribunal recuerda que, en su querella, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, acusó a Torra de un presunto "delito de desobediencia a resoluciones judiciales o a decisiones u órdenes de la 'autoridad superior', cometido por una autoridad o funcionario público".


Y que señaló que el presidente incumplió "consciente, abierta y reiteradamente lo decidido por la Junta Electoral Central (JEC)" en dos acuerdos del 11 y el 18 de marzo en los que ordenaba la retirada de banderas no oficiales y símbolos partidistas en cualquier edificio público de la Generalitat.


La querella también indicaba que la JEC dictó un nuevo Acuerdo el 21 de marzo de 2019 en el que, después de constatar el "flagrante incumplimiento" de las órdenes, decidió ordenar al conseller de Interior, Miquel Buch, que ordenara a los Mossos d'Esquadra retirar los símbolos.


Además, la JEC envió documentación a la Fiscalía General del Estado --información adjuntada a la querella contra Torra-- con informes de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y comunicaciones de la Delegación del Gobierno en los que se detallaban los edificios que mantuvieron los símbolos hasta el 21 de marzo.

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