Torra se ha autoinculpado a preguntas de su defensa frente a las acusaciones de la fiscalía, que ha sido especialmente dura con la actitud del presidente frente a las órdenes de la Junta Electoral.
La inhabilitación conlleva la privación definitiva de empleos o cargos públicos y de los honores, así como la imposibilidad de obtener los mismos durante el tiempo de condena.
El presidente catalán ha opinado que "justicia española son términos absolutamente incompatibles", y ha apuntado que la noticia esperanzadora es porque después viene la justicia europea.
La Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para el president y una multa de 30.000 euros, pero la intención del líder independentista es recurrir la sentencia.
La Junta Electoral Central pone de fecha límite el próximo viernes 4 a las 15 de la tarde.
"Limitar las referencias a presos políticos y exiliados comportaría una clara vulneración del derecho a la libertad de expresión".
Un letrado de la Administración de Justicia ha sido quien ha requerido personalmente al presidente, y ahora empieza a contar el plazo de 48 horas fijado por el tribunal para que Torra retire dicho símbolo de forma cautelar.
Torra presentó en un primer momento recusación contra Jesús María Barrientos y Mercedes Armas, y posteriormente la extendió al magistrado que debía valorar las recusaciones, Carlos Ramos.
El presidente de la Generalitat quiere apartar al magistrado que está revisando la recusación del presidente del TSJC. Torra argumenta que Carlos Ramos es un juez cercano al PSC y, por tanto, con interés directo en la causa.
Se le juzgará por presunto delito de desobediencia o, subsidiariamente, un presunto delito de denegación de auxilio a la autoridad competente.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) confirma así la apertura de juicio contra el presidente por un presunto delito de desobediencia.
El TSJC decreta la apertura del juicio oral contra el presidente de la Generalitat por un presunto delito de desobediencia por no haber acatado la decisión de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios de la Generalitat.
Joan Talarn, tras ser elegido presidente de la Diputación de Lleida, ha asistido a la colocación en la fachada de dos lazos amarillos en sendas pancartas a favor de los presos soberanistas.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha procesado al presidente de la Generalitat por presunta desobediencia a la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.
El grupo municipal BComú ha criticado este lunes que en los dos últimos días han aparecido lazos amarillos y manchas de pintura en la fachada de su sede.
Tras una semana de tiras y aflojas, Torra se avino a retirar los símbolos aunque los sustituyó por otros más genéricos en favor de la libertad de expresión.
La Fiscalía Superior de Catalunya investiga a Torra por la polémica de los lazos amarillos en el Palau de la Generalitat, siguiendo las órdenes de la Fiscalía General del Estado.
Asens ha asegurado que ECP va al Congreso a "recuperar la declaración de Pedralbes" que el Gobierno central y la Generalitat sellaron el 20 de diciembre en Barcelona en una reunión entre el presidente Pedro Sánchez y Quim Torra, por el que se emplazaban a seguir dialogando.
Por desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios de la Generalitat.