Catalunya abre las puertas a 31 menores no acompañados en un reparto del que el PP se desmarca

Catalunya ha confirmado que acogerá a 31 menores migrantes no acompañados, en el marco del plan estatal de redistribución impulsado por el Gobierno, a pesar de la ausencia de los líderes autonómicos del PP en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, que ha tenido que cancelarse este jueves por falta de quórum.

La reunión, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para aprobar la distribución de 4.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas, contaba con una dotación de 100 millones de euros. El boicot del PP, que calificó el reparto de “imposición ilegal”, dejó la cita sin capacidad de decisión formal.

Sin embargo, el Gobierno ya ha anunciado que el proyecto sigue adelante y que será el Consejo de Ministros el que apruebe el reparto el próximo martes. La reforma de la Ley de Extranjería permite ejecutar los traslados incluso sin la necesidad de que haya consenso autonómico.

Un gesto de compromiso de Catalunya

Aunque inicialmente Catalunya y el País Basco quedaban fuera del reparto por el alto grado de saturación de sus sistemas de acogida, el Govern ha decidido implicarse igualmente y aceptar la llegada de 31 menores, como gesto de responsabilidad y solidaridad.

En total, las tres comunidades que deberán acoger a más jóvenes son Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571), todas gobernadas por el PP y las cuales ya han manifestado su oposición frontal al plan.

La ministra Sira Rego ha calificado la ausencia del PP de “falta de respeto grave a los derechos fundamentales” de los menores, y ha recordado que se trata de una crisis humanitaria que exige corresponsabilidad institucional.

A pesar de la negativa del PP, el ministerio mantiene su calendario: los traslados comenzarán el 28 de agosto, con un máximo de un año para completarse. La propuesta incluye entrevistas personalizadas con cada menor para analizar su situación antes del traslado.

El boicot del PP llega en un momento de tensión política creciente en torno a la migración, y algunas de sus comunidades ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el Gobierno confía en sacar adelante el reparto con el respaldo legal de la reforma migratoria.