domingo, 17 de noviembre de 2019

El Supremo vuelve a denegar a Sánchez, Turull y Rull salir para hacer campaña electoral

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El tribunal que juzga el procés en el Tribunal Supremo ha vuelto a denegar a los líderes independentistas encausados Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull la concesión de permisos para salir de la cárcel con objeto de hacer campaña electoral o grabar spots electorales, ofrecer ruedas de presa y atender a los medios de comunicación durante los recesos del juicio en el que se les juzga por rebelión.


Sobre esta segunda petición subsidiaria, el alto tribunal señala que forman parte del acto procesal del juicio oral y se pautan para posibilitar el descanso de los encausados que cumplen prisión provisional y permitir así que acudan a la sesión en las mejores condiciones para ejercer su derecho de defensa.


En cuanto a la autorización general de permisos para salir de la cárcel y poder participar en actos de campaña, el auto dado a conocer este jueves señala que su condición de candidatos "no es un acontecimiento inesperado o extraordinario, sino fruto de una decisión libre y voluntaria", por lo que pudieron prever las restricciones que tal situación implica para la actividad relacionada con la campaña electoral.


ANTECEDENTES


Ayer, la Fiscalía del Tribunal Supremo informó en contra de que los líderes independentistas Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull reciban permisos para salir de la cárcel con objeto de hacer campaña electoral o atiendan a los medios de comunicación en los recesos del juicio al procés ya que entiende que existe el "riesgo" de que promuevan "movilizaciones públicas violentas" o "tumultos" como los que se les atribuyen en el procedimiento.


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Los tres, proclamados candidatos a las elecciones generales del próximo 28 de abril, habían solicitado autorización para poder participar en actos de campaña y, en caso de no recibir permiso, que se les permitiera dar ruedas de prensa, conceder entrevistas o grabar spots aprovechando los recesos de las sesiones del juicio oral, también con vistas a los próximos comicios.


En un escrito firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, el Ministerio Público se opone "absolutamente" a estas pretensiones y razona que en estos casos "la prisión provisional comunicada y sin fianza se adoptó por el riesgo de que el investigado pudiera impulsar movilizaciones públicas violentas o gravemente contrarias al orden público y la paz social semejantes a las que en este procedimiento se le atribuyen".


"Las autorizaciones de salida del centro penitenciario o de participación en medios de comunicación precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar, pues no sólo facultarían el impulso de movilizaciones inmediatas sino que pueden aprovecharse para propiciar que los tumultos se materialicen en respuesta a la conformación institucional que resulte de los comicios o como reacción a cualquier actuación política que cristalice en el modo de que rechaza el ideario del encausado", argumenta.


En esta línea, considera que "las autorizaciones que ahora se reclaman de salida del centro penitenciario o de participación en medios de comunicación precisamente posibilitarían las situaciones de riesgo que la prisión ha tratado de conjurar" y además, "pugnaría con los motivos que determinaron la detención: los graves hechos que provocaron la ruptura violenta del orden constitucional con el propósito de derogar la Constitución española".


EN EL CONFLICTO, PRIMA LA LEY


La Fiscalía recuerda que se han podido integrar en sus respectivas candidaturas estando ya en prisión provisional e incursos en un juicio oral que sigue en marcha, así que "por más que dicha circunstancia comporte una limitación evidente para sus participaciones en la campaña electoral, ni supone la imposibilidad de ser elegido, ni entraña una pérdida o una alteración esencial de la efectividad del derecho de participación democrática", en línea con la jurisprudencia del Supremo.


Además, considera "obvio que caben restricciones respecto del más limitado derecho de participación en una campaña electoral, pues por más que esta participación resulte inherente a la postulación de un candidato, posee un menor alcance que la exclusión absoluta del derecho a ser elegido, particularmente en procesos electorales que descansan en un sistema de elección basado en listas cerradas", como lo son en España.


Así, si bien se produce "un conflicto de intereses entre el legitimo ejercicio del derecho fundamental de participación política y los bienes jurídicos que tutelan las normas penales que han sido presuntamente infringidas" por los investigados, esta situación debe ser resuelta "en favor del orden constitucional que tutela la norma penal que se les imputa".

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