​Naturgy pide la centralización del embrollo de impuestos energéticos locales y autonómicos

Un nuevo estudio de la Fundación Naturgy -elaborado por expertos fiscalistas de la consultora EY- denuncia que la variedad de tributos que gravan al sector energético ha provocado una perjudicial competencia fiscal.

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El presidente de la Fundación Naturgy, Rafael Villaseca

 

Naturgy pide la centralización y homogeneización del embrollo de impuestos locales y autonómicos y locales que se han ido creando en España a lo largo de los últimos años para gravar al sector, sobre todo por razones medioambientales.


Según un informe elaborado por la fundación Naturgy -encargado a expertos fiscalistas de la consultora EY-, la variedad y heterogeneidad de tributos que gravan al sector energético ha generado "competencia fiscal perjudicial", al influir en la implantación de determinadas actividades por la cuestión tributaria.


Esto es, según la energética, algo sin sentido, puesto que las infraestructuras energéticas no pueden instalarse con criterio territorial.


Una situación que provoca que el impacto sobre los consumidores sea desigual entre los ciudadanos de los diferentes territorios del país.


Así, la eléctrica estima que no ha habido reglas de juego homogéneas para poner orden en la creación de estos tributos. 


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El presidente de la Fundación Naturgy, Rafael Villaseca


Según las cifras que maneja, en la actualidad existen más de 60 impuestos autonómicos a los que podría atribuirse carácter medioambiental y además, incumplen en numerosas ocasiones el principio de afectación de la recaudación obtenida por estos nuevos impuestos a gastos de protección del medio ambiente.


Según afirman los autores en el informe, "no podemos encontrar ningún impuesto cuyo objetivo prioritario sea incidir en la reducción de comportamientos contaminantes o en el fomento de un uso energético más eficiente".


En el estudio, se afirma que "un tributo medioambiental debe gravar los efectos nocivos para el medio ambiente provocados por aquellas actividades que los originen", bajo el principio general de la tributación medioambiental de que "el que contamina, paga, pero todo aquel que contamina, no sólo algunos". 


Así lo asume la Unión Europea, recogiendo un principio en el que la OCDE ya fue pionera en 1972 en su Recomendación sobre ‘Los principios directores relativos a los aspectos económicos de las políticas de medio ambiente en el plano internacional’.


El escrito recuerda que uno de los principales retos en relación con la política y la legislación medioambientales de la Unión Europea es "mejorar la fiscalidad medioambiental, así como reducir las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente", y para ello, "los impuestos medioambientales son una pieza clave". Sin embargo, en la última década ha habido una cierta dispersión normativa y un enfoque heterogéneo a escala regional e incluso local. 



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