Los fiscales mantienen en sus conclusiones que el 1-O fue una "situación claramente insureccional"

 

Los cuatro fiscales que llevan la acusación en la causa del proceso independentista en el Tribunal Supremo expondrán el martes 4 de junio su informe de conclusiones definitivas, en el que apuntarán las pruebas que a su juicio son claves para acreditar que hubo una "situación claramente insureccional" y una instrumentación de la violencia que justifica las condenas que solicitan para los doce acusados.

En su escrito definitivo, entregado la semana pasada, la Fiscalía ya avanza que puede probarse que esta situación de insurrección comprende al periodo que va entre el 20 de septiembre de 2017 --con la protestas contra los registros en organismos de la Generalitat que ordenó un juez de Barcelona para abortar los preparativos del referéndum-- y la jornada del 27 de octubre, fecha de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

A los aproximadamente 80 incidentes con enfrentamientos y hostilidades frente a Policía y Guardia Civil que se produjeron en los diferentes centros de votación en la jornada del referéndum del 1 de octubre, el Ministerio Público suma en su escrito definitivo de acusación otros 47 actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, 23 actos similares en comisarías de Policía y edificios públicos del Estado, 11 en alojamientos y hoteles de funcionarios policiales, 47 ataques a sedes del PSC, y los graves incidentes que se produjeron los días 19 y 20 de septiembre, según reza el documento de conclusiones definitivas ya presentado ante la Sala que se expondrá el martes.

Los argumentos que acreditan esta violencia pivotarán sobre toda la exposición, que se extenderá durante unas cinco horas y en la que participarán los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Se repartirán los argumentos por bloques de hechos acreditados y delitos y también por acusados, han señalado fuentes fiscales.

La Fiscalía pide además la aplicación al caso artículo 36.2 del Código Penal, que establece que cuando la duración de la pena de prisión impuesta es superior a cinco años el tribunal puede ordenar que el acceso de los condenados al tercer grado penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.

Así, y según el escrito definitivo, se pide para Junqueras 25 años de cárcel por un delito de rebelión agravada por malversación de caudales públicos al considerarle jefe o promotor del proceso independentista. Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos también en prisión provisional.

Para cada uno de ellos, los fiscales del proceso independentista piden en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sànchez y Cuixart promotores o jefes del proceso independentista.

En cuanto a los exconsellers que también están en prisión provisional, esto es, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), la Fiscalía también les acusa de rebelión, pero en su caso agravada por la malversación, y reclamaba inicialmente para cada uno 16 años de cárcel y otros 16 de inhabilitación absoluta.

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a tres antiguos integrantes del Govern de Carles Puigdemont que según su escrito inicial no cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del proceso de independencia. Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan provisionalmente a siete años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta.

Tras escuchar a los acusados, a los 422 testigos, los expertos de siete pruebas periciales y visionar más de un centenar de vídeos, la Fiscalía ha incluido en sus conclusiones definitivas una redacción más completa y rica en detalles en relación a Unipost, la "hoja de ruta" de ANC y la reunión que los mandos de los Mossos d'Esquadra convocaron con Puigdemont, Junqueras y Forn para manifestarles su preocupación por la celebración del referéndum del 1-O.

Sobre esta reunión, la Fiscalía da total credibilidad a las declaraciones que durante el juicio han prestado los que en el otoño de 2017 ejercían de mandos de los Mossos d'Esquadra, incluido el major Josep Lluís Trapero, quien también está acusado de rebelión y en la Audiencia Nacional se enfrenta a 11 años de prisión.

Los fiscales de la causa del proceso independentista explican en su relato de hechos que el major Trapero y los comisarios Ferrán López y Joan Carles Molinero ya hicieron su advertencia a Puigdemont y Forn el 26 de septiembre, pero dos días después los mismos mandos policiales, a los que se sumaron Emili Quevedo y Manel Castellví, "pidieron una nueva reunión".

El Ministerio Público considera probado que en ese nuevo encuentro los jefes de los Mossos avisaron de la "enorme movilización de personas que se iba a producir (hasta dos millones)" y que era "altamente probable que se produjeran situaciones violentas al enfrentarse con las fuerzas policiales encargadas de cumplir el mandato judicial" de impedir el referéndum.

ABOGACÍA Y VOX

Tras la Fiscalía, previsiblemente en la sesión de la tarde, será el turno de la abogada del Estado Rosa María Seoane, quien en la última sesión del juicio elevó su petición de pena de 12 años de cárcel por sedición y malversación de fondos públicos para Junqueras y mantuvo igualmente su petición inicial de condenas para los otros ocho procesados en prisión en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo que se encuentran en prisión.

Los Servicios Jurídicos del Estado insistirán igualmente en las penas de cárcel para los tres exconsellers del Govern de Puigdemont encausados por desobediencia y malversación que actualmente se encuentran en libertad. Esta acusación descarta la rebelión en favor de un delito de sedición, que de ser tenido en cuenta por el tribunal rebajaría notablemente las posibles penas de prisión con respecto al Ministerio Público.

La Abogacía pide 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; diez años para Forcadell; y ocho años para los líderes sociales Sànchez (ANC) y Cuixart (Òmnium Cultural), todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía.

La última acusación en hablar será la popular, ejercida por Vox, que pide 74 años de prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista, y penas notablemente más altas que la Fiscalía y la Abogacía también para el resto de encausados.

Tras el cerca de medio centenar de sesiones Vox ha variado sus conclusiones respecto de Vila --el único conseller de Puigdemont que no firmó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017--. En vez de organización criminal y malversación, el abogado de Vox Pedro Fernández ha solicitado la imposición de una condena por desobediencia, lo que sólo conlleva pena de multa.