sábado, 5 de diciembre de 2020

Detectan 358 pisos de protección oficial con mal uso en Barcelona

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El plan de inspección de viviendas de protección oficial ubicadas en Barcelona ha comprobado el estado de 2.679 pisos, y se han detectado indicios de mal uso en 358 de ellos -un 9% del total-, la mayoría por estar vacíos o alquilados sin autorización y por encima del precio correspondiente.


Pisos alquiler casa fachada 18052018



Lo ha explicado en rueda de prensa este jueves la concejal de Vivienda, Lucía Martín, que ha destacado que casi la mitad de los casos de mal uso (173) son por alquileres sin autorización y que 32 pisos están vacíos (un 1%), mientras que el resto son por casos variados que incluyen desde el uso de la vivienda como despacho o piso turístico a la cesión a un familiar.


La directora técnica de la Unidad de Disciplina de la Vivienda, Fuensanta Alcalá, ha detallado que los casos son muy diversos, y ha explicado que han encontrado alquileres sin permiso que cobraban hasta el triple de lo correspondiente por ser vivienda protegida.


Este plan de control del uso de los 16.000 pisos protegidos en la ciudad, creado en 2017 y pionero en España, ha empezado por los pisos que pierden la cualificación durante los próximos años, y ha encontrado indicios de mal uso en diversos barrios, entre ellos la Barceloneta, el Clot, Poble Sec y Vallbona.


Con el plan, se ha logrado la cesión de seis pisos vacíos a la Bolsa de Vivienda de Alquiler, y se han producido 11 regularizaciones de las familias que estaban en alquiler en casos no autorizados, rebajando el precio de mercado que pagaban al que establece la ley por una vivienda protegida.


Por el momento se han incoado 60 expedientes por irregularidades, que están en diversas fases de tramitación, y 12 propietarios ya han abonado los importes de las sanciones correspondientes, que oscilan entre los 4.000 y los 45.000 euros.


Martín ha explicado que las sanciones son más elevadas pero que se rebajan si se corrige la situación y se modulan en función del incumplimiento -la ley prevé sanciones de 90.000 a 500.000 euros-, y ha remarcado que el objetivo del plan de inspección no es sancionar, sino garantizar que los pisos protegidos se usen como tal.


La ley catalana por el Derecho a la Vivienda establece que las de protección oficial deben destinarse al domicilio habitual y permanente, aunque se pueden poner en alquiler con una autorización que establece un precio máximo: si no se cumplen estas condiciones, la administración pueden sancionar e incluso expropiar la vivienda.

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