miércoles, 16 de octubre de 2019

Carles Campuzano: "Los años de la crisis han sido años perdidos para el sector de la discapacidad intelectual"

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Carles Campuzano ha transitado de la vida política a la vida civil sin hacer ruido. Tras 23 años en el Congreso de los Diputados, el exportavoz del PDeCat decidió abandonar la primera línea política justo antes de las últimas elecciones generales. Pero su nuevo empleo sigue vinculado a la agenda por la que mostró tanto interés durante su paso por la Cámara Baja: el pasado dos de septiembre, Campuzano fue nombrado director de Dincat, la federación catalana de la discapacidad intelectual.


Carles Campuzano Dincat


¿Para quien no conozca aún qué es Dincat, puede explicar qué entidades aglutina la federación y cuáles son sus objetivos?


Dincat es la federación que agrupa todo el sector de la discapacidad intelectual de Catalunya. Es una federación con unas 300 entidades que ofrecen todo tipo de servicios: escuelas de educación especial, residencias, centros especiales de trabajo, centros de día... Lo que hace Dincat es representar los intereses de las entidades, así como defender los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Además, la federación también cuenta con la Asociación Empresarial Dincat (AEES Dincat), que representa los intereses de estas entidades desde un punto de vista empresarial.


La federación ofrece un servicio de conciliación familiar para dar una mano a las familias. ¿En qué consiste este servicio?


Muchas familias necesitan en momentos dados a lo largo del año o bien que alguien los acompañe a la hora de cuidar a los hijos, o bien llevarlos a un centro de respiro donde se hagan responsables de los hijos. Se trata de dar tiempo a las familias para "desconectar" gracias a un conjunto de profesionales que están en todo el país. Ahora es un servicio que presta Dincat como federación pero que la nueva junta quiere reforzar para que sea prestado directamente por las entidades.


DEJAR ATRÁS UNA VISIÓN PATERNALISTA


En octubre de 2018 se reformó la ley electoral para garantizar el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual: buena prueba de que todavía quedan flecos por cerrar en la inclusión del colectivo.


Fue un cambio importante que hacía años que reclamaba el movimiento a favor de las personas con discapacidad intelectual. De hecho, forma parte de una dinámica de fondo que ha abierto la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que pretende superar una mirada demasiado paternalista y fortalecer su capacidad de decisión.


Esto va en línea con la reforma del Código Civil que ahora mismo está paralizada. ¿Qué incluye la reforma?


La Convención de Naciones Unidas supera las formas legales con las que históricamente habíamos protegido a las personas con discapacidad. No se trata de limitar sus derechos a través de una tutela, sino de dotar a estas personas de los apoyos que necesitan para poder desarrollar plenamente sus derechos. Esto implica cambios legales en el derecho civil español y en el derecho civil catalán, ya que Catalunya tiene competencias propias. Es un cambio de paradigma muy importante y un reto para el conjunto de la sociedad.


¿Y por qué algunos civilistas tienen recelos?


Porque la lógica de la Convención responde a instituciones jurídicas anglosajonas, no tanto de los países continentales con tradición de derecho latino. Pero también es cierto que si el conjunto de la sociedad no está preparada para aceptar este nuevo paradigma, esto tendrá dificultades. No es un simple cambio de una ley, es un cambio que obliga a reforzar estos apoyos. Porque si los apoyos no están bien construidos, nos podemos equivocar.


¿En qué ámbitos deberíamos focalizar la atención para garantizar estos apoyos?


Primero tenemos un reto a corto plazo: los diez años de la crisis que comenzó en 2009-2010 han impactado duramente en el sector de los servicios sociales y singularmente en el sector de la discapacidad intelectual. Han sido diez años perdidos donde las tarifas se han mantenido congeladas, siguen habiendo listas de espera...


También tenemos el reto de la educación especial. A pesar de que el Gobierno aprobó un decreto para poner en marcha la escuela inclusiva, este decreto no se ha desplegado y, si queremos ir normalizando la presencia de niños y niñas con discapacidad intelectual en las escuelas ordinarias, necesitamos que existan apoyos por no condenarlos al fracaso escolar.


Hay un tercer reto que es el del mundo del trabajo. En Catalunya hemos desarrollado un modelo de referencia para la integración laboral de las personas con especiales dificultades, pero es un sistema sometido a muchos retos. A diferencia de otros lugares de España, donde se ha optado por que estas personas estén en recursos asistenciales o ocupacionales, aquí tienen un trabajo remunerado. Pero esto implica mejorar los niveles de formación.


Y como último reto, necesitamos un marco legal que reconozca que las prestaciones de este tipo de servicios tiene todo el sentido de que sean hechas a través de entidades de iniciativa social.


LA CUESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN


La Taula del Tercer Sector ha propuesto transitar a un modelo de asignación de fondos más concertado que no subvencionado. ¿Le parece una propuesta acertada?


Buena parte de las entidades ya funcionan con conciertos y no con subvenciones. Ahora de lo que se trata es de tener un marco legal potente que facilite la concertación y que además blinde que las entidades sin ánimo de lucro y arraigadas en el territorio lo puedan seguir haciendo. El sector ve con desconfianza que puedan irrumpir operadores mercantiles en torno a estos servicios para hacer negocio.


Al final, el Gobierno español no aportará a la Generalitat los 1,6 millones de euros extra recaudados por el IRPF social --las aportaciones para fines sociales que los ciudadanos realizan voluntariamente en la declaración de la renta--. Más allá de eso, ¿cuál es la cantidad que le debería corresponder a Catalunya?


Es muy importante que después de tantos años de batalla, el 80% de los recursos del IRPF sean gestionados por las comunidades autónomas. Esto permite que las entidades sean independientes y puedan desarrollar proyectos adaptados a las necesidades catalanas. Otra discusión es si la cantidad de dinero corresponde al esfuerzo fiscal que hacen los contribuyentes catalanes. Es evidente que no. Deberíamos tender a que el esfuerzo fiscal en Catalunya se quedara en las entidades que prestan servicios sociales en Catalunya.


No es lo mismo discapacidad que dependencia, pero con una población cada vez más envejecida se solapan las dos dimensiones. Doce años después de la ley de dependencia, ¿qué balance hace de su desarrollo?


Desde su origen, la ley no tuvo bien resuelta la sostenibilidad financiera. Otros Estados europeos, cuando pusieron en marcha sus políticas de autonomía e independencia personal, decidieron establecer líneas de financiación específicas para estas políticas (en Francia con un recargo en el IRPF, en Alemania se vinculó a las cotizaciones sociales...). En España este debate no se quiso tener y ahora estamos pagando las consecuencias.

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