Calvo asegura en la prensa belga que entregar Puigdemont es una "prueba de fuego" para la cooperación judicial

 

La extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont a España por parte de Bélgica supondría una "prueba de fuego" para la cooperación judicial europea y para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, cuestionado por los movimientos populistas, ha defendido la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo.

En una tribuna publicada en el diario belga 'Le Soir', Calvo pide a la justicia belga que muestre "el mismo respeto" hacia las decisiones de los tribunales españoles que España tiene hacia la independencia del poder judicial belga.

"El funcionamiento correcto de la cooperación judicial en Europa no es un asunto que concierna exclusivamente a Bélgica y España. Es una prueba de fuego para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en su conjunto", advierte la 'número dos' del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Calvo dedica buena parte del artículo a explicar los motivos por los que la justicia española reclama la entrega de Puigdemont y de los exconsellers Lluís Puig y Antoni Comín, quienes no pueden ser juzgados en ausencia. Una vez que el Tribunal Supremo condenó por sedición a los dirigentes que impulsaron el proceso soberanista, el juez instructor reactivó las euroórdenes contra los fugados.

"Pese a las informaciones falsas y la propaganda difundidas por los secesionistas, esta sentencia (del Supremo) es el resultado de un procedimiento judicial transparente, público (retransmitido en directo en su totalidad y accesible a más de 170 medios de comunicación acreditados) y dotado de todas las garantías del Estado de Derecho", subraya.

Calvo precisa que no se les reclama por haber convocado un referéndum, sino por una "sucesión coordinada de actos que llevaron a la declaración unilateral e inconstitucional de la independencia de Catalunya el 27 de octubre de 2017".

Para ello, continúa la vicepresidenta, el Parlament adoptó en septiembre de 2017 una ley para convocar un referéndum de autodeterminación, y "otra para la abolición de la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Catalunya".

"Estas leyes fueron adoptadas en ausencia de parlamentarios de oposición no nacionalistas, quienes, al ser privados, de hecho, de la posibilidad de presentar enmiendas, se retiraron de la Cámara", recuerda.

Una vez que estas leyes se publicaron en el Boletín Oficial de Catalunya, fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional, de manera que el proceso, advierte Calvo, se "puso en práctica despreciando el estado de derecho y la independencia de las decisiones de la justicia".