Abertis y sindicatos pactan 136 despidos

Abertis ha alcanzado con los sindicatos un acuerdo para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 136 trabajadores de las dos autopistas que el próximo 31 de diciembre acaban su contrato de concesión y, tal como ha acordado el Ministerio de Fomento, levantarán su peaje y volverán al Estado, según informó UGT.

Este ajuste rebaja en cuatro trabajadores el inicialmente propuesto, si bien equivale a casi la mitad (el 45,3%) del total de 300 empleados que suman las dos vías, la autopista AP-4 entre Sevilla y Cádiz y el tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante.

El acuerdo deberá ser ahora ratificado por los propios trabajadores de las vías en las asambleas previstas para los próximos días 9 y 10 de diciembre.

Los empleados afectados por el ERE son los vinculados a las labores de cobro de peaje de las autopistas, toda vez que aquellos no incluidos en el ajuste, los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura, está previsto que se subroguen en el contrato de conservación que firme Fomento.

En cuanto a la indemnización para los afectados, se ha acordado aplicar la máxima prevista en la ley, de 45 días por año trabajado con un tope de 42 meses durante los años de antigüedad previos a 2012, y de 33 días por año con un máximo de 34 meses para los ejercicios trabajados a partir de ese año.

Además, la empresa y los sindicatos han acordado otras medidas complementarias para los afectados, como son la aplicación del seguro médico durante un año, o un convenio especial para los afectados con 55 o años o más hasta que cumplan 63 años.

Los dos tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz seguirán el próximo 1 de enero la estela de la AP-1 Burgos-Armiñón, que en diciembre de 2018 se convirtió en la primera vía de pago construida en España que ponía fin a su concesión, levantaba las barreras de peaje y retornaba al Estado.

La reversión de las autopistas que concluyen su contrato de concesión tiene lugar en virtud de la decisión del Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los plazos de concesión de este tipo de infraestructuras.