Se duplican los hogares con beneficiarios de ayudas por pobreza energética

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Los hogares con beneficiarios de ayudas sociales por pobreza energética de menos de 16 años se duplicaron entre 2016 y 2018 en Catalunya, cuando esta cifra pasó de 17.798 a 34.676 personas de esta franja de edad, como reflejan datos informados por áreas básicas de servicios sociales de toda Catalunya.


Lo dice el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, en una respuesta parlamentaria, y en que explica que el Govern concedió ayudas de urgencia social por suministros en la vivienda para 30.295 hogares durante 2018, lo que benefició a 105.803 personas, y representa un 17,5% menos de familias que el año anterior.


En 2016, las ayudas llegaron a 32.851 familias y 84.918 beneficiarios, y en 2017 alcanzaron las 36.715 familias y los 105.454 beneficiarios, según datos recogidos en el Registro Unificado de Datos de los Entes Locales (Rudel).


Entre 2016 y 2018, las administraciones destinaron 18.323.067 euros en concepto de ayudas de urgencia social dirigidas al pago de suministros: 5.495.712 (2016), 7.255.568 (2017) y 5.571.787 (2018).


El número de ayudas por retrasos de pago de facturas de cuatro mensualidades o menos, según las áreas básicas de servicios sociales del conjunto de Catalunya, fue de 15.251 (2016), 20.135 (2017) y 21.741 (2018).


Pobreza energética recurso


Por otro lado, el número de ayudas por retrasos de pago de facturas de cinco mensualidades o más fue de 2.401 (2016), 6.141 (2017) y 9.515 (2018).


En otra respuesta parlamentaria, el director de la Oficina de Presidencia, Joan Ramon Casals, destaca que el presidente Quim Torra ha mantenido reuniones para implementar la ley de emergencia habitacional y contra la pobreza energética.


CONVENIO CON LAS SUMINISTRADORAS


Recuerda que la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y la de Empresa y Conocimiento, así como el resto de administraciones implicadas, trabajan en un convenio con las empresas suministradoras.


El objetivo del convenio es garantizar, desde su firma, los suministros básicos para todas las familias y "que se apliquen todas las ayudas que sean necesarias para evitar cortes y el endeudamiento de las familias más vulnerables".


FONDO DE ATENCIÓN SOLIDARIA


También planteará un Fondo de atención solidaria, como prevé la ley, para hacer frente a las necesidades y un Organismo de gestión centralizada para coordinar la acción conjunta con las compañías y los entes locales, explica Casals.


Constata que "el acuerdo entre la Generalitat y las administraciones locales sobre estas cuestiones está muy avanzada", y destaca la complejidad de las negociaciones.


En 2020 la Agència Catalana del Consum (ACC) realizará una campaña para informar sobre los derechos de la ciudadanía recogidos en la Ley 24/2015 sobre derecho en la vivienda y de lucha contra la pobreza energética.

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