Boye esquiva el embargo de la Audiencia Nacional gracias a su estructura patrimonial
El tribunal se está viendo en apuros para proceder a la paralización del patrimonio del abogado debido a que este no tiene propiedades ni bienes a su nombre.
Pese a que esta semana la Audiencia Nacional ordenó el embargo de los bienes de Gonzalo Boye, el abogado de Carles Puigdemont y de Quim Torra, para subsanar la deuda de 1,2 millones que debe pagar como responsable civil del secuestro de Emiliano Revilla, el tribunal se ha visto en apuros para proceder a la paralización del patrimonio del abogado.
Según informa 'El Confidencial', por el momento solo le han embargado 2.000 euros, un 0,17% del total, puesto que el abogado carece de propiedades y bienes a su nombre.
Boye fue condenado en 1996 como autor responsable de un delito de detención ilegal a la pena de 14 años y 8 meses de cárcel, de los que cumplió seis. Un año antes de obtener la libertad condicional había comunicado que abonaría de forma fraccionada el pago de la indemnización, a razón de 5.000 pesetas mensuales.
En 2008, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó un escrito en el que informaba de que no se había satisfecho la responsabilidad civil y pedía hacer la investigación patrimonial, ordenada después por la Fiscalía.
Boye alega que la responsabilidad civil reclamada prescribió el 5 de agosto de 2012, 15 años después del "último y único requerimiento de pago efectuado" en este procedimiento, pero la Audiencia Nacional rechaza este argumento al entender que existen "actos para interrumpir" la prescripción. Uno de estos actos es esa investigación patrimonial ordenada por Fiscalía en 2008.
Aunque en 2009 el tribunal declaró en una resolución que no existen bienes suficientes que permitieran hacer efectiva la deuda, a día de hoy entiende que existe "ánimo conservativo" de la reclamación.
Así, una vez que el abogado de Revilla pidió en 2018 reactivar el embargo, la Audiencia Nacional considera que el periodo de prescripción comienza de nuevo en ese momento, de modo que decreta que la responsabilidad civil sigue vigente y ordena investigar el patrimonio de Boye, "con la práctica, en su caso, del requerimiento y los apercibimientos" que resulten necesarios.
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