viernes, 30 de octubre de 2020

​Puigdemont y Junqueras quieren cubrir los 4 millones que pide el Tribunal de Cuentas con fianzas ya depositadas

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Las defensas de los investigados por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, entre los que se encuentran el ex presidente y ex vicepresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, han pedido por escrito utilizar las fianzas ya depositadas en el Tribunal Supremo, que juzgó el proceso independentista en Catalunya, y en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la jornada de votación, para cubrir los 4,1 millones de euros que reclama el órgano fiscalizador por estos hechos.


Oriol junqueras carles puigdemont 10092018



Los abogados de los presuntos responsables contables han consignado sendos escritos ante Tribunal Supremo y el juzgado de Barcelona para que les permita emplear las cantidades ya abonadas para poder hacer frente a la fianza total de 4.146.274,97 euros que fijó el Tribunal de Cuentas y para la que dio 15 días de plazo, que concluye la semana que viene siempre y cuando no se pida, y se admita, una prórroga.


La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer el pasado 28 de enero el acta de liquidación provisional, con la que impuso fianzas solidarias a 28 investigados, entre los que se encuentran todos los que fueran consejeros de este Govern y alto cargos de la Generalitat, para asegurar el reintegro de los 4 millones de euros al erario público en caso de que sean condenados.


El juez del Supremo que instruyó el procés, Pablo Llarena, ordenó el pago conjunto de 2,1 millones de euros a los nueve consejeros de Puigdemont procesados por malversación como responsabilidad civil. Así, aunque la Sala juzgó por este delito a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, finalmente condenó por ello a los cuatro primeros.


Sin embargo, el órgano fiscalizador imputó responsabilidad contable a todos los exconsellers, entre ellos los fugados Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, al igual que al ex president, también huido de la Justicia. Según explica el acta de liquidación provisional con la que se concluye la instrucción y se manda el caso a la Sala de Enjuiciamiento, indiciariamente todos los miembros del Govern son responsables del presunto desvío de fondos públicos porque el 6 de septiembre de 2017 firmaron un acuerdo de gasto para el 1-O.


Para afianzar la parte restante, los abogados han realizado la misma petición en el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum, donde fijó una fianza de 5,8 millones a los 17 de los 30 procesados por malversación. Se da la circunstancia de que 10 de los investigados en el Tribunal de Cuentas son los que tuvieron que afrontar dicha cantidad.


Se trata de los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Natalia Garriga, Ignasi Genovés, Francesc Sutrías, Teresa Prohias, Albert Royo, Josep Ginesta y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal.


Así, aunque el dinero aportado en el Tribunal Supremo y en el juzgado de instrucción catalán corresponda a los bienes de 14 de los 28 investigados por el Tribunal de Cuentas, las defensas pretenden que con ellas se pueda sufragar los más de cuatro millones de euros, ya que se trata de fianzas solidarias y referidos a los mismos hechos, indican las fuentes consultadas.


El Tribunal de Cuentas concretó que los 4,1 millones de euros se invirtieron en un total de 13 partidas: en gastos del aplicativo 'referendum.cat' y 'crida extra' (171.357,59 euros); gastos de rehabilitación de la nave anexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creación y diseño del registro de residentes en el exterior (11.503,64); difusión en prensa escrita del registro de residentes en el exterior (168.201,35); diseño y activación del registro de residentes en el exterior (2.868,08); campaña Civisme (357.068,26); gastos relativos a Unipost (1.259.882,07); cartelería del referéndum (65.730,97); campaña internacional de imagen de la Generalitat (63.735); invitación a grupos de parlamentarios europeos (88.643,56); equipo de expertos IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadores internacionales Paul Sinning (177.464,80); y la web 'cataloniavotes.eu' (136.579,37).


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