​Más Estado, más Europa

Lluís Rabell
Traductor, activista y político

A medida que se prolonga el confinamiento, aumenta la inquietud acerca del “día después”. Los pronósticos son cada vez más sombríos. El FMI vaticina para España una caída del 8% sobre el PIB y unas cifras de paro que rebasarían el 20% de la población activa. Hoy por hoy, es imposible tener certeza alguna al respecto; saber si habrá una recesión… o si el mundo se hundirá en una prolongada depresión. Lo único predecible es que la pandemia tendrá un impacto económico y social de gran magnitud. Singularmente, en un país como España, dada la importancia de sectores como el turismo y la vulnerabilidad de un vasto tejido de pequeñas empresas y autónomos. A estas alturas, parece evidente que las medidas adoptadas por el gobierno – desde la agilización de los ERTE y la concesión de avales hasta la inminente puesta en marcha de una renta mínima – sólo podrán atenuar la devastación. En parte, por la dificultad que conlleva distribuir ese abanico de ayudas. También por la gestión de los bancos, que muchas veces utilizan los avales para sanear su propia cartera de créditos en lugar de hacerlos fluir hacia las empresas. Sobre todo, porque el parón afecta a todos los sectores.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Consciente de las dificultades que se avecinan, Pedro Sánchez ha lanzado la idea de establecer unos grandes acuerdos para la reconstrucción entre los distintos actores políticos y sociales y las administraciones públicas. A pesar de la disparidad de época y contexto, el recuerdo de los Pactos de la Moncloa de 1977 – que contribuyeron en su día a contener una inflación desbocada y encarrilaron la transición democrática – está en mente de todos. La propuesta está teniendo buena aceptación entre una angustiada opinión pública. Sin embargo, las críticas y reticencias han arreciado: tanto por parte de la derecha como de las formaciones nacionalistas vascas y, sobre todo, catalanas. Está por ver hasta cuándo será sostenible esa actitud. Aunque, en comparación con otros países, la actitud de la oposición en España es llamativa: a pesar de la tragedia, Casado y Abascal - como, en su particular registro, Torra y Puigdemont - parecen preocupados ante todo por desacreditar la acción del ejecutivo.


Más allá de que logre cuajar o no la idea de unos pactos, empiezan a vislumbrarse dos salidas a la crisis. El PP ha lanzado ya la consigna: "Bajar los impuestos". Pero, con la caída de la actividad, caerá también la recaudación de tributos. Y lo hará justo en el momento en que más imperiosa será la intervención del Estado, no sólo para reforzar unos servicios públicos erosionados por las políticas de austeridad, sino para reactivar y reorientar la economía. El papel dinamizador de los poderes públicos será determinante. Muy al contrario de lo que preconizan las recetas neoliberales, serían necesarias una reforma tributaria progresiva y una acción efectiva contra la elusión fiscal de grandes fortunas y corporaciones. Un esfuerzo necesariamente coordinado con Europa. El Estado tendrá que endeudarse - y mucho - para hacer frente al gasto sanitario y a la nueva situación. Sin embargo, cuando más crece la exigencia de solidaridad, el PP y la derecha catalana se alinean en el Parlamento europeo con quienes se oponen a la emisión de deuda mancomunada.


La discrepancia plantea sobre  en quién ha de recaer los sacrificios. ¿Una vez más sobre los trabajadores y las clases populares? Pero ese "retorno del Estado" suscita igualmente problemas por cuanto se refiere a la crisis territorial, que sigue latente. Y es que un plan de reconstrucción exigiría estrecha cooperación y lealtad entre las distintas administraciones - gobierno central, autonomías y municipios. Es decir, un espíritu federal. Los distintos nacionalismos perciben esa cultura fraternal como una amenaza para sus discursos, siempre prestos a inflamarse con la invocación de algún agravio. En 1977, Jordi Pujol fue uno de los valedores de los Pactos de la Moncloa. No será ahora el caso de sus herederos políticos. Las fuerzas independentistas necesitan mantener un clima de tensión con España para conservar el poder autonómico. Y algunos sueñan con un episodio de debilidad del Estado para un nuevo intento secesionista. No resultará nada fácil avanzar hacia unos acuerdos, por necesarios que sean. De momento, son sobre todo la izquierda y el movimiento obrero quienes están apostando por ese camino.

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