¿En qué va a consistir "la nueva normalidad" tras el Estado de Alarma?

Mientras continúe el Estado de Alerta por el covid-19, y no hay un final prefijado, las mascarillas seguirán siendo obligatorias (bajo multa de hasta 100 euros para quien no lo cumpla), habrá que mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, observar las medidas de higiene. 

Y el Ministerio de Sanidad verá reforzado su papel de coordinación y podrá actuar en situaciones de extraordinaria gravedad, aunque no podrá adoptar medidas sin el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que se sientan el Ejecutivo central y los consejeros autonómicos. 

El Gobierno aprobó este martes ese real decreto ley de nueva normalidad, que deberá convalidarse en el Congreso en el plazo máximo de treinta días.  El titular de Sanidad, Salvador Illa, explicó los pilares del nuevo decreto, que introduce algunos pequeños cambios respecto al primer borrador, aunque no sustanciales.

Este texto que regula la nueva normalidad, el patrón de conducta de los ciudadanos en convivencia con el coronavirus, se aplicará en toda España una vez concluida la alarma y "hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".

Además, el Gobierno "consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria". 

El texto mantiene, para las personas mayores de seis años, la obligación del uso de la mascarilla tanto en espacios al aire libre como cerrados cuando no es posible mantener la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Será obligatoria para todo tipo de transporte público (menos, en el caso de buques o embarcaciones, cuando se halle dentro del camarote o en las cubiertas exteriores y sea posible guardar los 1,5 metros), pero no será exigible en aquellos ciudadanos con dificultades respiratorias, o sean dependientes y discapacitados y no dispongan de autonomía para quitarse esta prenda facial. Tampoco será requerida cuando se practique deporte individual al aire libre, por causa de fuerza mayor o cuando la propia naturaleza de la actividad lo impida (cuando se coma o se beba, por ejemplo). Incumplir este empleo obligatorio de la mascarilla acarreará una multa de hasta 100 euros.

El decreto establece unas medidas mínimas de prevención e higiene en distintos espacios (centros de trabajo, establecimientos sanitarios, residencis de mayores, centros docentes, locales comerciales, hoteles y alojamientos turísticos, bares y restaurantes, equipamientos culturales, espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros sectores). El punto común es la observancia de las medidas de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento y la garantía de que se mantiene una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. En el borrador del Gobierno se hablaba de que esa distancia habría de ser "de entre 1,5 y 2 metros". 

Las CCAA podrán perfilar estas disposiciones generales incluidas en el real decreto ley del Gobierno. El Ejecutivo, dijo el ministro, "establece medidas de carácter general, de distancia interpersonal de 1,5 metros, y corresponderá a las autoridades sanitarias y de salud pública de cada comunidad autónoma precisar las limitaciones de aforo al igual que antes del estado de alarma y como ya puede suceder en las autonomías que se encuentran en fase 3". Illa, no obstante, apeló a la "responsabilidad" de los ciudadanos para cuando se levante la alarma, a las 00:00 del 21 de junio, y ya pueda haber movilidad —incluido entre CCAA— sin restricciones.

En el caso específico de los servicios sociales, se especifica que las CCAA deberán "garantizar la coordinación de los centros residenciales de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género [...], con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se ubiquen". 

Es decir, que se ha de asegurar la conexión de estos centros con el sistema sanitario. Además, los titulares de estas instalaciones  han de tener previstos planes de contigencia para la detección precoz de casos de covid-19.

Las CCAA deberán remitir información a Sanidad, velar por un suficiente número de profesionales y garantizar PCR tan pronto como se ven síntomas.

El decreto ley establece una serie de previsiones sobre los controles sanitarios en los aeropuertos gestionados por Aena y en los puertos de interés general. Así, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior "los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales", en los términos que, de común acuerdo, dispongan Aena y Sanidad. Para ello, las dos partes firmarán un convenio en el que se detallen los medios necesarios, aeropuertos en los que exista el servicio, los procedimientos de coordinación, los derechos y las obligaciones".