La jueza archiva la investigación contra el Gobierno por permitir el 8-M

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La titular del Juzgado de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha archivado este viernes la investigación por un presunto delito de prevaricación al permitirse la manifestación del 8M, una instrucción que motivó el cese como jefe de la Comandancia de Madrid del coronel Diego Pérez de los Cobos.


El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en unas imágenes de archivo en una declaración en el Supremo


Al cese el 24 de mayo le siguió el relevo en la cúpula de mando de la Guardia Civil tras la dimisión de su director adjunto operativo (DAO), teniente general Laurentino Ceña, en medio de peticiones de la oposición para que dimitiera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por supuestas injerencias --negadas por el departamento ministerial-- para conocer el informe de la Policía Judicial sobre el 8M. Varias asociaciones profesionales del Instituto Armado también han atacado frontalmente la gestión del ministro, que ha sufrido un desgaste de imagen tras las acusaciones de los partidos de la oposición que le han acusado de mentir en sede parlamentaria.


La investigación, a raíz de una querella del abogado Víctor Valladares, recayó por reparto en el Juzgado de Rodríguez-Medel, que empezó la instrucción el 23 de marzo, transcurrida una semana con el estado de alarma en vigor por la pandemia de coronavirus.


El archivo provisional --que algunas partes van a recurrir-- se ha comunicado dos días después de tomar declaración al único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al entender la magistrada que no tenía "conocimiento cierto" sobre los riesgos para la salud de permitir la manifestación feminista del 8M.


La juez comisionó a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid para que llevara a cabo una batería de diligencias, con la advertencia de que los investigadores --que se quejaron por el retraso en la entrega de documentación del Ministerio de Sanidad-- sólo podían reportar a ella de las novedades. Así se lo comunicó la magistrada al Ministerio del Interior el lunes 25 de mayo, en un escrito en el que aludía a consecuencias penales si no se respetaba su orden.


Ese mismo 25 de mayo trascendió el cese como jefe de la Comandancia de Madrid de Diego Pérez de los Cobos, al que la noche del domingo le había apartado del cargo en una conversación telefónica la directora de la Guardia Civil, María Gámez. El coronel llegó al Ministerio del Interior en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba, donde ocupó con el PP la jefatura del Gabinete de Coordinación y Estudios desde la que fue designado por orden judicial como coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum independentista del 1-O.


La decisión del cese fulminante levantó inmediatamente un fuerte malestar dentro de un sector de la cadena de mando del Instituto Armado, al entender que se había producido una injerencia política para conocer el primero de los dos informes sobre el 8M cuyo contenido, previamente, había sido filtrado a la prensa el viernes 22 de mayo.


DIMITE EL DAO DÍAS ANTES DE SU RELEVO

En medio de las informaciones sobre el primer informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, con críticas por algunos errores incluidos en sus diligencias, trascendió la dimisión del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, teniente general Laurentino Ceña, en desacuerdo por el cese de Pérez de los Cobos.


El máximo responsable operativo del Cuerpo adelantó su relevo unos días: estaba previsto para el 2 de junio después de que en marzo se suspendiera por la crisis sanitaria, donde fue uno de los portavoces en las ruedas de prensa de uniformados en Moncloa.


Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones. Este último fue uno de los dos responsables --el otro fue el general jefe de Zona en Madrid, José Antonio Berrocal-- que precedió a la directora de la Guardia Civil en las llamadas a Pérez de los Cobos en la tarde-noche del domingo 24 de enero que acabó con su cese fulminante.


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en varias ocasiones que nadie le pidió al coronel cesado ni el informe del 8M ni detalles del mismo, sino que el interés se centró en si se había dado traslado del mismo a la juez Carmen Rodríguez-Medel.


En su primera comparecencia en rueda de prensa en Moncloa tras el cese del coronel, Grande-Marlaska anunció el pago del tercer y último tramo de la equiparación salarial, encuadrando el relevo de Pérez de los Cobos en una reestructuración de los cargos de confianza, un plan que había quedado en suspenso por la pandemia de covid-19. Además, desligó el cese del informe del 8M y anunció que el nuevo DAO era el general Pablo Salas, hasta entonces jefe de los Servicios de Información.


CARTA CON EL MOTIVO DEL CESE

El 2 de junio, fuentes de Interior ampliaron su versión sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos para asegurar que lo que se hizo fue "precipitar" su relevo como jefe de la Comandancia de Madrid tras la pérdida de confianza que supuso que este alto cargo de la Guardia Civil dejara de informar a sus superiores en la cadena de mando sobre trámites relacionados con la entrega de informes en la investigación judicial del 8M.


Respondían de esta forma a la carta del cese de Pérez de los Cobos, adelantada por 'El Confidencial, y donde se recogía que el motivo alegado a propuesta de la directora general del Instituto Armado --y avalado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez-- era que se había negado a informar del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".


El 3 de junio, en una nueva comparecencia en el Congreso, Grande-Marlaska relacionó el cese -como había hecho un día antes en el Senado-- con la filtración a la prensa del informe de la Policía Judicial remitido a la juez Rodríguez-Medel, y por el que se abrió una información reservada. La crisis ha llevado a PP, Vox y Ciudadanos a pedir varias veces la dimisión del ministro, entre críticas de asociaciones profesionales de la Guardia Civil con representación en la escala de mando.


En la tribuna del Congreso el ministro alegó que fue su 'número dos' quien firmó el cese y que él no quiso dar los primeros días detalles por respetar la "carrera profesional" del coronel, ante la 

previsión de que presentara en alzada un posible recurso que él tendría que resolver.


Grande-Marlaska también se presentó como víctima de su decisión de "desmantelar el Ministerio del PP", en alusión --aunque sin decirlo con estas palabras-- a la conocida como policía política que sí había mencionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención durante el debate parlamentario.


Al margen del archivo del 'caso 8M', que algunas partes han anunciado que van a recurrir, la Comandancia de la Guardia Civil ha abierto una investigación reservada sobre la filtración de los informes de su Policía Judicial, pendiente aún de resolución. Pérez de los Cobos, por su parte, también tiene la opción de recurrir su cese vía alzada ante Interior, así como ante la justicia ordinaria.


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