lunes, 28 de septiembre de 2020

Diez alcaldes de ocho partidos del Congreso cargan contra Hacienda por querer financiarse con "sus ahorros"

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Para todos estos Ayuntamiento el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, es "injusto" ya que excluye del reparto de los 5.000 millones ( europeos) a los ayuntamientos sin remanentes en sus cuentas locales.



La ministra protavoz María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 14 de julio de 2021.






Alcaldes de todos los partidos se unen contra el Gobierno por 'quitarles' los ahorros ( remanentes de tesorería de sus cuentas). 


El primero en alzar la voz ha sido el popular alcalde de Zaragoza que  ha anunciado  una reunión por videoconferencia a la que se han sumado, al menos, otros siete alcaldes de diferentes partidos políticos de España con el objetivo de suscribir un manifiesto para modificar el real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros esta semana que recoge el acuerdo económico de Hacienda y la FEMP para la acción local ante la crisis de la covid-19.


Han confirmado su asistencia los alcaldes de Cádiz (Adelante Andalucía), Lérida (ERC), Santa Cruz de Tenerife (Coalición Canaria), Granada (Ciudadanos), Bilbao (PNV), Murcia, Madrid y Zaragoza (PP).  Aunque también podría participar la alcaldesa de Canyelles y portavoz de PDeCAT en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).


En su intervención ante la prensa el alcalde de Zaragoza ha subrayado que "esto no va de ideologías, sino de recursos para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos" tras los gastos ocasionados por la pandemia del coronavirus.


También ha incidido  en su crítica de que el real decreto ley, fruto de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, es "injusto" ya que excluye del reparto de los 5.000 millones a los ayuntamientos sin remanentes y el de la capital aragonesa no los posee, Azcón ha apuntado que en la misma situación están las ciudades de Cádiz, Lérida y Granada.


Ha añadido que el Gobierno de España "tiene que haberlo hecho muy mal para que alcaldes de diferentes ideologías se pongan de acuerdo" y se unan para cambiarlo, al tiempo que ha argumentado que este tipo de problemas "es mejor abordarlos desde la unidad" y por eso se ha mostrado de acuerdo en recabar el apoyo de todos los que consideren que esta es una "causa justa".


Los fiez alcaldes, de partidos con representación parlamentaria  harán un frente común contra los términos del plan de Hacienda que permite a los municipios utilizar sus ahorros pero que pasa por entregárselos previamente al Gobierno. 


El alcalde de Granada, Luis Salvador (de Cs), ahonda en que la cumbre entre Ayuntamientos por videoconferencia tiene un propósito que nada tiene que ver con la ideología: “En el municipalismo eso no interesa”. 


El debate que han suscitado los remanentes de los municipios, es tal, que hasta el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su apoyo público a las peticiones del alcalde de Zaragoza, y eso que son de partidos diferentes.


Una de las principales molestias que genera el acuerdo de Hacienda, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles, es el fondo de 5.000 millones que el Gobierno destinará a los municipios. En el decreto, se deja claro que los únicos Consistorios que podrán recibir esos recursos del Estado serán quienes hayan aportado previamente sus ahorros a Hacienda. Esto deja fuera a municipios como Zaragoza (PP), Granada (Cs) y Lleida (ERC).


Pero no todos los municipios en esta cumbre tienen problemas de liquidez. Bilbao, gobernado por el PNV, Juan Mari Aburto, cuenta con ahorros en torno a los 110 millones y que, contrario a lo que establece el decreto del Gobierno, prefiere utilizarlos libremente y al 100%. 


En el texto conjunto, que será enviado al Congreso de los Diputados tras el verano, el Ejecutivo se compromete a devolverle a los municipios los 14.000 millones de sus remanentes en un plazo de diez años a partir de 2022.


Socios de la investidura del gobierno de coalición como BNG, ERC y EH Bildu ya han dejado claro que el documento no es de su agrado. Tampoco hay un consenso dentro de Unidas Podemos. Y todo esto pasa con la negociación del PGE del próximo año en el aire y la lucha contra una pandemia global. 




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