​La falta de personal y problemas burocráticos retrasan los pagos de Ingreso Mínimo Vital

El retraso en el pago del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo está superando todos los plazos previstos. La ausencia de personal suficiente para las miles de solicitudes que han llegado a la Seguridad Social junto a otras dificultades que se han ido planteando durante este tiempo han impedido que la mayoría de los solicitantes hayan empezado a percibir esta ayuda del Estado.

Según las informaciones facilitadas desde el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las solicitudes que han llegado superan las 700.000 , de las que, según algunas informaciones, tan solo se han empezado a pagar algo menos de 4.000.

Entre los problemas que esgrimen desde el ministerio para justificar este retraso está el hecho de que se han presentado miles de solicitudes por duplicado, y en otras muchas la falta de documentación ha retrasado la tramitación.

El propio ministro del ramo, José Luis Escrivá, ha asegurado en las redes sociales que en las primeras solicitudes que llegaron de había producido un porcentaje muy alto de errores que debieron ser subsanados, con el consecuente retraso en su aprobación. Además, desde el Ministerio señalan que algunos ciudadanos han realizado el trámite en varias ocasiones, lo que ha provocado que hubieran muchas solicitudes duplicadas en el consiguiente retraso.

PAGOS

De todas formas, fuentes del Ministerio aseguran que los primeros pagos ya se empezaron a efectuar a finales del mes de junio y a principios de agosto, y que el próximo tendrá lugar el 1 de septiembre. También reconocen que, se apruebe cuando se apruebe una solicitud, la persona a la que le sea aprobada la percepción de esta ayuda la cobrará de manera retroactiva, siempre que la haya solicitado antes del 30 de septiembre, desde el 15 de junio.

FALTA PERSONAL

Uno de los problemas que ha provocado todo este retraso es la falta de personal en la administración. Según han denunciado los sindicatos, en los últimos años la plantilla de la Seguridad Social se ha reducido en unas 5.000 personas, muchas de ellas personal administrativo. Aunque se ha externalizado parte del trabajo, la reducción del número de trabajadores continúa siendo un serio problema para la tramitación de este tipo de solicitudes.

Por ello, desde el Ministerio se está negociando con los ayuntamientos para que sean estos los que puedan tramitar este tipo de solicitudes, aunque se reconoce que este no se podrá poner en práctica hasta el próximo año.