​El Gobierno asegura que el fraude en los ERTE es anecdótico

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El Gobierno considera que en la gran mayoría de la empresa que se han acogido a un ERTE durante la pandemia han cumplido escrupulosamente con la legalidad y que en el caso de que se hayan producido algunos incumplimientos estos no dejarán de ser anecdóticos.


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Así lo asegura el Secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras confirmar que la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo 28.262 actuaciones en empresas que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo para comprobar que se ha cumplido con la legalidad. "Si ha habido casos de fraude en los ERTE, estos han sido prácticamente anecdóticos", ha asegurado.


Además, desde el ministerio se asegura que la empresa que hayan cometido algún fraude se enfrenta a sanciones que van desde los 6.000 hasta los 187.000 euros, además de que en el caso de ser descubiertas deberán devolver al estado el dinero de las prestaciones que hayan recibido los empleados.


Estas multas se encuentran reguladas en el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. El artículo 23 de esta norma recoge que el "falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan fraudulentamente prestaciones" se considera una infracción muy grave.


Y en el artículo 40 del Real Decreto 4 /2000 se hace constar  que para las sanciones muy graves las multas que deberán pagar las empresas irán desde los 6.251 euros para su "grado mínimo" y hasta los 187.515 euros en su "grado máximo". Será responsabilidad de la Inspección de Trabajo delimitar el grado de la infracción.

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