El indulto a los presos independentistas será más difícil de lo esperado

 

Las opciones de que los líderes independentistas encarcelados obtengan el indulto al que se refirió el ministro de Justicia , Juan Carlos Campo, en sede parlamentaria no son tan elevadas como algunos pretenden hacer creer a la ciudadanía. Los factores que pueden influir, los organismos que tienen potestad para decir la suya y la actual legislación pueden alargar el proceso en más de un año y que todo acabe en nada.

Es cierto que, como ha ocurrido en este caso, el indulto puede ser solicitado por cualquier ciudadano español, no necesariamente por el condenado. Y eso, en este caso, ya se ha producido, por lo que el Ministerio tiene la obligación de iniciar los trámites, para la concesiòn de este perdón. Otra cosa muy distinta es que puede actuar solo por motivaciones políticas a la hora de concederlo. Es ahí donde entran los otros poderes del Estado.

Hasta hace poco tiempo, la potestad de conceder un indulto era exclusiva del Gobierno de turno. Sin embargo, esto cambió tras dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las que se cuestionaba que solo fuera el Gobierno el que pudiera decidir a la hora de conceder el indulto. Y ahí se acabó la arbitrariedad.

Ahora, el Gobierno puede dar los pasos que considere oportunos, pero para tomar una decisión definitiva debe pedir informes tanto a la Fiscalía como al tribunal que dictó la sentencia. Y son estos los que deben valorar dos aspectos claves: si ha habido arrepentimiento y si ha habido buena conducta del condenado en la cárcel.

De la segunda, no parece haber datos que digan lo contrario. De lo primero, sí. Los propios presos han manifestado siempre que se les ha dado la oportunidad de que volverían a hacer lo mismo, algo que demuestra que no hay ningún tipo de arrepentimiento y que pone en una situación muy delicada la posibilidad de que la justicia transite, en este caso, por el mismo camino que el Gobierno.

Y es precisamente en este punto en el que las cosas se complican para el Gobierno. Aunque ninguno de estos requisitos es esencial, los informes de Fiscalía y jueces son decisivos y si el Ejecutivo hace caso omiso a sus valoraciones, la concesión del indulto puede ser tumbada por el Tribunal Supremo si considera que se ha extralimitado en sus funciones.

Con todo ello, el proceso para la concesión del indulto puede alargarse más de un año, mucho más de lo que le interesa al Gobierno, que parece necesitar los votos de los independentistas catalanes para alcanzar algunos de sus objetivos, entre ellos el más importante, lograr los votos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.