El Gobierno dice, tras consultar a la Abogacía del Estado, que el BOE no tiene que publicar la inhabilitación de Torra

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El Gobierno sostiene que el Boletín Oficial del Estado (BOE) no tiene que publicar la inhabilitación del ya expresidente catalán Quim Torra, tras haberlo estudiado con la Abogacía del Estado, según fuentes del Ejecutivo.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


La Generalitat había pedido al Gobierno, mediante un escrito, que publicara en el BOE el real decreto de cese de Torra ya que, según el informe de su Gabinete jurídico, este trámite era necesario para "dotar de la máxima seguridad jurídica las próximas actuaciones del Govern".


La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, aseguró este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada al respecto, que el Gobierno estaba estudiando con la Abogacía General del Estado si legalmente era necesario que la inhabilitación de Torra se publique en el BOE.


Finalmente, el Gobierno ha determinado que "el BOE no tiene que publicar la inhabilitación de Torra" ya que, según las fuentes consultadas, la dicta el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que además ordena, en su parte dispositiva, "a expedir un oficio dirigido al vicepresident para que active el procedimiento de sustitución interina previsto en el Estatut".


ARAGONÉS, PROCLAMADO SUSTITUTO POR EL DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT


Además, el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ya ha proclamado este miércoles al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, sustituto del expresidente Quim Torra tras su inhabilitación el lunes, por lo que se ha iniciado el mecanismo de investidura.


El Dogc recoge el dictamen del lunes del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que inhabilitó a Torra por desobediencia y, de acuerdo con la Ley de Presidencia de la Generalitat decreta: "El vicepresidente del Govern y conseller de Economía y Hacienda sustituye al presidente de la Generalitat".


Así, dándose la Cámara por enterada, comienza el mecanismo de investidura que empieza con un periodo de 10 días en los que el presidente del Parlament, Roger Torrent, debe constatar o no si hay un candidato a la presidencia tras consultar a los grupos.


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