martes, 1 de diciembre de 2020

​El Pacto de Toledo alcanza un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones

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La Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo ha cerrado  un acuerdo para renovar sus recomendaciones en materia de pensiones, que someterá a votación el próximo martes 27 de octubre. La renovación de las recomendaciones era para el Gobierno un paso previo antes de acometer la reforma en el sistema público de pensiones.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (1I) y la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio


Con el acuerdo, se pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la popular Celia Villalobos en la Comisión, el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.


El nuevo texto, además, incluye una recomendación 'cero' con los principios básicos para el sistema público de pensiones, subrayando la oposición del Pacto de Toledo a una "transformación radical" del sistema que rompa con sus principios, como los de solidaridad, suficiencia o equidad o que incluso eventuales reformas afecten a los mismos, según el texto aprobado.


Asimismo, señala que la financiación del sistema debe adaptarse a la protección del mismo, por lo que las cotizaciones sociales, aun manteniéndose como "fuente básica\" de ingresos, deben acompañarse con otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.


Entre las principales aportaciones del nuevo Pacto está la recuperación del IPC como referencia para las revalorizaciones anuales de las pensiones, consenso logrado y conservado en la última legislatura hábil, pero también un plan de saneamiento de las cuentas.


Este consiste en sacar del sistema una serie de gastos detectados como impropios para, en un plazo marcado hasta 2023, empezar a asumir toda esta factura desde los Presupuestos Generales del Estado, y no desde las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.


Asimismo, las recomendaciones aluden a la recomendación del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.


Respecto al cálculo de la pensión, el Pacto asume la ampliación marcada por la reforma llevada a cabo en 2011 para el número de años necesarios para calcular la pensión -hasta 25 años en 2022-, pero apuesta por la elección de los mejores años con el fin de evitar lagunas de cotización que afectaran a la cuantía de la pensión.


Finalmente, además respalda medidas para hacer la edad efectiva de jubilación a la edad legal, el Pacto también recoge la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización.


BENEFICIADOS

En este caso, el Pacto de Toledo emplazará al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.


Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.


Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.


Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales.


PRICIPALES RECOMENDACIONES

Estas son las principales recomendaciones acordadas:

- Reconocimiento de la Seguridad Social como "columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada".

- Rechazo a una "transformación radical del sistema" que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.

- No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.

- La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).

- La fuente básica de financiación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales "basados en la imposición general".


¿CÓMO SANEAR EL DÉFICIT?

- Reconocimiento de que las políticas de empleo explican "en buena medida el déficit existente" y que las cotizaciones soportan gastos que "deberían ser asumidos por el Estado".

- Los Presupuestos Generales del Estado deben asumir reducciones a la cotización, prestaciones asistenciales (no contributivas), ayudas a la jubilación anticipada, bonificaciones a regímenes especiales y parte de las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor y complementos a la pensión.

- Calendario para reordenar gastos para acabar con el déficit y los préstamos hasta 2023.

- Estudiar qué se ha asumido indebidamente para tener "una imagen fidedigna" de la Seguridad Social.


¿CÓMO SUBIR LAS PENSIONES?

- Defensa del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

- Revalorización con arreglo al IPC real.

- Toda subida por encima del IPC se financiará con otros recursos.


BASES Y PERÍODOS DE COTIZACIÓN

- Mantener en 15 años el período mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión contributiva.

- Asume la ampliación de 15 a 25 años para calcular la base reguladora y llama a evaluar su impacto.

- Contemplar la elección de los mejores años para calcular la pensión (evitar lagunas de cotización).

- Evaluar la progresiva ampliación del período cotizado necesario para acceder a la pensión máxima.

EDAD DE JUBILACIÓN

- Aproximar "tanto como sea posible" la edad de jubilación efectiva a la edad legal.

- Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).

- Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.

- Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos "inequitativos" de estas penalizaciones.

- Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.


SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

- Preferencia por los planes a partir de la negociación colectiva, prioritariamente sin ánimo de lucro.

- Pide mejoras fiscales y jurídicas para estos sistemas y fórmulas específicas de apoyo a salarios más bajos o carreras profesionales "más vulnerables".

- Más transparencia en los planes de ahorro para evitar rendimientos negativos y necesidad de regular "fórmulas más intensas de protección de los ahorros invertidos".


BRECHA DE GÉNERO

- Garantizar la igualdad en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y la corresponsabilidad en los cuidados, particularmente en los permisos.

- Introducir correcciones contra las lagunas de cotización involuntarias y tratamientos discriminatorios en las pensiones de personas trabajadoras a tiempo parcial.


FONDO DE RESERVA

- Retomar la regla por la que los excedentes de las cotizaciones, "sin límite alguno", se deben incorporar al Fondo de Reserva.

- La caída de activos del Fondo de Reserva "en ningún caso se utilizará" para justificar la reducción de la cuantía de las prestaciones.

- Plantea la conveniencia de establecer un remanente mínimo, sujeto a una regla endurecida de disponibilidad.


EFECTOS DE LA DIGITALIZACIÓN

- En la línea de corregir "una excesiva dependencia de las cotizaciones", si la revolución tecnológica implica más productividad pero no empleo, "encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".


JÓVENES

- Impulso a las políticas que faciliten la transición del sistema educativo al mercado de trabajo, especialmente con el impulso a la formación profesional y la interrelación universidad-empresa.

- Mejora del marco de relaciones laborales que permita combatir la precariedad de los jóvenes.

- Garantizar y mejorar la protección social de los becarios con una legislación que mejore su protección social y garantice su derecho a una carrera profesional "adecuada y justa".


MIGRANTES

- La Administración intensificará su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes.

- Canalizar el flujo de migraciones a través de mecanismos que garanticen la incorporación de los migrantes al mercado de trabajo.

- Facilitar la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema.

- Favorecer la integración social de los trabajadores migrantes y la de sus familias.

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