miércoles, 25 de noviembre de 2020

¿Qué cambios habrá en el plan de jubilaciones tras el pacto de Toledo?

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El Pleno del Congreso aprobó este jueves las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo y los votos particulares de los partidos, que servirán como hoja de ruta para el nuevo sistema público de pensiones. La reforma llega tras años de debate y con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios. 


El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, saluda a la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio


Con esta nueva aprobación, el Gobierno espera sentar las bases de la futura reforma de las pensiones para acabar con el cambio que llevó a cabo en 2013 el Gobierno de Rajoy. Entre otras cosas, el Ejecutivo actual quiere revalorizar las pensiones en base al IPC, una de las principales peticiones de los sindicatos. 


En el Pleno de ayer, y tras la aprobación el 27 de octubre del borrador de recomendaciones, los partidos podían emitir votos particulares que se someterían a votación. El PSOE, Unidas Podemos, el PNV y Junts rechazaron emitirlos, ya que se daban satisfechos con lo aprobado hace unas semanas. Por su parte, el PP y Ciudadanos sí presentaron modificaciones, y ERC y Bildu presentaron enmiendas a más de la mitad de las recomendaciones. 


El PP quería suprimir la crítica recogida a la gestión de los planes privados de pensiones, que pedía más transparencia, y pedía apoyar los mecanismos de ahorro individual con más incentivos y no "eliminar" ni "reducir" sus deducciones fiscales.


Esquerra y Bildu exigían derogar las reformas laborales y de pensiones, la supresión de todo el punto dedicado a los sistemas complementarios. Además, proponían como referencia para las pensiones mínimas el 90% del salario mínimo, que la jubilación por encima de los 65 años sea voluntaria, 'destopar' la base máxima de cotización, calcular la base reguladora de la pensión en los mejores 20 años y la condonación por el Estado de la deuda contraída por Seguridad Social.


Cuatro años de trabajo

El acuerdo en el Pacto de Toledo pone fin a un camino iniciado en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la 'popular' Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para renovar las recomendaciones hacia una nueva reforma de pensiones que garantizara la sostenibilidad del sistema.


Con la nueva aprobación, los grupos han acordado, entre otras medidas, la mejora de las pensiones por medio de la revalorización acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este cambio acabará con uno de los puntos más polémicos de la reforma del Ejecutivo de Rajoy.


Además, el nuevo texto subraya la oposición de los partidos a una "transformación radical" del sistema de pensiones, ya que todos están de acuerdo en los principios básicos de la jubilación como la solidaridad, suficiencia y equidad, según explica el texto de la Comisión Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.


El texto también señala que las cotizaciones sociales, aunque se mantengan como "fuente básica" de ingresos, deben acompañarse de otras vías para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las pensiones.


Otra de las grandes aportaciones del nuevo texto es un plan separación de fuentes de financiación. El Gobierno espera sacar del sistema de pensiones algunos gastos no contributivos, detectados como impropios y que, en un plazo marcado como máximo hasta 2023, sean los Presupuestos Generales del Estado los que asuman estos gastos, y no las cuentas de la Seguridad Social, una medida ya comprometida por el Gobierno para las cuentas públicas de 2021.


Desde Seguridad Social ya han visto cuáles son los "gastos impropios" del sistema y han detectado que tienen un valor de casi 23.000 millones. El Gobierno está intentando comenzar ese traspaso ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en los que pretende incluir 14.000 millones de euros. 


Por otro lado, los nuevos pactos también incluyen las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para abandonar los préstamos desde la Administración central y sustituirlo por transferencias y así no aumentar la deuda del sistema.


El informe también da la posibilidad de que cada persona pueda elegir los "años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleo y de precariedad, dado que progresivamente se está ampliando de 15 a 25 años el periodo de cotización utilizado para determinar la pensión".


Por otro lado, recomienda fomentar la permanencia de los trabajadores en activo, e incentiva que las personas prolonguen la vida laboral hasta la edad de jubilación. De este modo, para compensar este mayor gasto, las recomendaciones ahondan en el fomento de la prolongación de la vida laboral, con medidas para estimular que la edad real de jubilación se acerque lo más posible a la edad legal u ordinaria fijada para cada momento, con mayor penalización de las jubilaciones anticipadas. El texto recoge también la preocupación de los recortes a la jubilación anticipada forzosa con largas carreras de cotización, ya que puede haber casos en que la penalización sea injusta.


En este caso, el Pacto de Toledo emplaza al Gobierno a evaluar qué colectivos podrían beneficiarse de excepciones en estas penalizaciones, y a presentar al Pacto de Toledo sus propuestas para aquellos para supuestos de inequidad, mirando precisamente las circunstancias en las que se dieron las prejubilaciones y la extensión de sus carreras de cotización.


Esta es una de las reivindicaciones trasladadas en los últimos meses por colectivos como la asociación Asjubi40, que critica estas penalizaciones sufridas por personas que se vieron empujadas a jubilarse de forma anticipada durante la crisis, después de haber acumulado largas carreras.


Respecto a los planes complementarios de pensiones, el Pacto de Toledo hace una apuesta por los planes de empresas, llamando a favorecer este tipo de mecanismos en el ámbito de la negociación colectiva, y proponiendo mejoras fiscales y legales para este tipo de sistemas.


Por otro lado, la Comisión también reconoce, en una recomendación sobre la digitalización de la economía, la necesidad de afrontar los efectos de los cambios tecnológicos y su impacto en el empleo y en los ingresos del sistema público de pensiones, planteando la necesidad de "encontrar mecanismos innovadores que contemplen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales".


PRINCIPALES RECOMENDACIONES


Estas son las principales  acordadas:

- Reconocimiento de la Seguridad Social como "columna vertebral del Estado del Bienestar, el estandarte y la seña de identidad de una sociedad moderna y cohesionada".

- Rechazo a una "transformación radical del sistema" que rompa los principios de solidaridad intergeneracional o intrageneracional, suficiencia y equidad.

- No ve adecuado separar el sistema de pensiones en función del tipo de prestación.

- La financiación del sistema ha de adecuarse a la naturaleza de las prestaciones (las pensiones no contributivas, a través de Presupuestos Generales del Estado).

- La fuente básica de financiación son las cotizaciones, pero para asegurar la sostenibilidad y su suficiencia se podrán obtener recursos adicionales "basados en la imposición general".


EDAD DE JUBILACIÓN


- Aproximar "tanto como sea posible" la edad de jubilación efectiva a la edad legal.

- Fomentar con incentivos la permanencia de trabajadores en activo con mejores incentivos y favorecer la prolongación voluntaria más allá de la edad legal (valoración positiva de compatibilizar pensión y salario).

- Analizar cuánto cuestan las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y su impacto en la equidad de las pensiones, con especial atención a casos forzados y de largas carreras de cotización.

- Da tres meses al Gobierno para proponer una respuesta ante efectos "inequitativos" de estas penalizaciones.

- Necesidad de contar con un objetivo que defina la suficiencia de las pensiones.


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