viernes, 27 de noviembre de 2020

Asociaciones de izquierdas lanzan un ultimátum al Gobierno por la Ley Celaá

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Aula, colegio, foto de archivo



Varias asociaciones de izquierdas han lanzado un manifiesto denunciando que el castellano deje de ser la lengua vehicular en el país en el marco de la Ley Celaá, que ha sido aprobada hoy en el Congreso de los Diputados con un estrecho márgen.


El siguiente texto está firmado por Antonio Robles (presidente de dCIDE), Javier Marín (co-presidente de ROJOS-ESPAÑA); Pedro Fernández (presidente ACP); Enrique Martínez (presidente de JUNTOS SÍ); Miguel del Amo (presidente de Izquierda en Positivo) y Antonio Francisco Ordoñez (Cofundador de ASEC-ASIC). 


"¿Conocen vds algún país del mundo donde en una parte de su territorio nacional, desde su escuela pública, gratuita y obligatoria, no se les enseñe a sus niños el idioma nacional? NINGUNO” (Alfonso Guerra en TVE 16.11.2020).

Las organizaciones abajo firmantes, todas ellas situadas en el ámbito de la izquierda política, queremos denunciar el intento del Gobierno Español de eliminar de hecho la enseñanza del idioma español de las escuelas públicas catalanas, vascas, gallegas, valencianas y baleares, justificándolo como una operación de cambio de cromos con los grupos independentistas, para que a cambio apoyen los PGE.

La educación obligatoria, pública y gratuita fue una conquista de las fuerzas de la izquierda española, arrancadas a la derecha conservadora, durante el periodo constituyente que culminó con la firma de nuestra carta magna, la Constitución Española; y está inspirada en el valor universal de la IGUALDAD. Ese principio generador de igualdad, quedó reflejado en su artículo 3.1: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Las demás lenguas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos”.

Las leyes orgánicas de educación, que debieran haber concretado la aplicabilidad en las escuelas del concepto lenguas cooficiales, no lo hicieron; ni bajo los gobiernos del PP, ni de los del PSOE. El papel de bisagra de las minorías nacionalistas vasca y catalana, para inclinar gobiernos a la derecha o a la izquierda, convirtió el derecho fundamental de los niños a ser educados en la lengua materna (UNESCO), en una oprobiosa moneda de cambio de los distintos gobiernos. La consecuencia es el aumento significativo del fracaso escolar de los niños pertenecientes a las capas populares de la población, las más desfavorecidas, las que no tienen oportunidad económica de acceso a la educación privada o concertada.

Obviamente parece que esa no es la situación económica ni la preocupación de los legisladores que alegremente deciden sobre ese derecho fundamental para los niños. La exigencia constitucional de la cooficialidad entre distintas lenguas de un territorio, sólo será efectiva cuando la ley orgánica de educación reconozca que es imposible ser lengua cooficial y alguna de ellas tenga un trato desigual o marginal. Las lenguas serán efectivamente cooficiales cuando la ley establezca su uso igualitario al 50% y despliegue un servicio de inspección en todo el territorio español que vele por su cumplimiento. Justo lo contrario que prevé la ley Celaá que los suprime. Sería lo mismo que promulgar una ley de riesgos laborales y eliminar los inspectores de trabajo.

Demandamos a los partidos del arco parlamentario que se reclaman de izquierdas que rectifiquen ese nefasto proyecto de ley con las enmiendas pertinentes. De lo contrario, auguramos nuestra firme determinación de llamar a la movilización popular para combatir esa tremenda injusticia". 


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