domingo, 26 de septiembre de 2021

Justicia investiga al Govern y a la fundación Pere Mitjans por no readmitir a un hombre con autismo y discapacidad severa

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Alexander Moreno

@CP


"Esto ya nos está deteriorando la salud física y mental". Antonio y Josefina no pueden más. Los padres de Àlex han llegado al límite después de estar más de un año con su hijo, un joven con autismo que, además, ha podido superar un trasplante de hígado. Alexander tiene derecho a una plaza en su hogar-residencia, pero tras el confinamiento la fundación Pere Mitjans rechazaron aceptar al joven. Con esta decisión, el caso ha llegado hasta los tribunales, pues se han visto implicados los padres, la fundación y la Generalitat. 


En este sentido, Maria Vinardell ha tenido que declarar ante la jueza. La subdirectora general de atención y promoción de la autonomía personal de la Generalitat está investigada por vetar que Alexander pudiera ingresar en su residencia después del confinamiento. El joven tiene una discapacidad del 75% y no fue readmitido. Desde la Generalitat se alega que fue un error y que realmente Àlex sí tiene derecho a volver a su hogar-residencia. Por el momento, tanto Vinardell como una directiva de la fundación están investigadas y han tenido que declarar ante el juez por el conflicto que existe con la familia. 


El problema se desató tras el confinamiento. Justo en el momento que estalló la pandemia, se acordó con la fundación que Alexander pasara el confinamiento en casa. No obstante, una vez terminada, la familia solicitó que el joven volviera a su hogar-residencia, pero estos se negaron, ya que, según ellos, no tenían los recursos necesarios para que no se contagiara de covid, pues la vacunación no había comenzado. 


Llegados a junio y viendo que la situación no avanzaba desde la fundación se propuso suspender, de manera temporal de la plaza de residencia. En su lugar, la propuesta fue establecer un programa propio e individual para atender al joven durante ciertas horas en su propio domicilio. Evidentemente, la familia se negó al considerar que eso no iba a ser suficiente, sino que necesitaban los cuidados que se le estaban dando en la residencia. 


Y fue a finales de agosto cuando la familia recibió una carta de la fundación donde suspendían de manera temporal los contratos que tenían para atender a Alexander. Dicho esto, desde la familia y, concretamente su padre, consideran que esta decisión fue una represalia por la demanda que se interpuso en su momento. 


Varios meses después, las negociaciones llegaron a buen puerto y el 17 de febrero Alexander debía volver a entrar a su hogar-residencia o, al menos, así lo dijeron desde la conselleria de Asuntos Sociales. Además, lo hicieron en una fecha donde Àlex ya tenía la pauta de vacunación completa, para que ello no pudiera suponer un problema. Pero la fundación se volvió a negar y seguían alegando que no tenían las condiciones necesarias para el reingreso de Alexander.


Es desde ese momento cuando entraron en juego los tribunales. Más de un año después de solicitar que Alexander volviera a su hogar-residencia este sigue teniendo que vivir con sus padres y no tiene su plaza reconocida. En la batalla legal que existe, desde la fundación insisten en que la familia no estuvo dispuesta a firmar un documento para asumir cualquier consecuencia del reingreso de Alexander, pero su padre sí firmó un documento de autoresponsabilidad ante la administración. 


Llegados a este punto, la familia considera que vistas las resoluciones y los protocolos que habían en febrero, no era necesario que Alexander tuviera una PCR hecha, pues ya tenía la pauta de vacunación completa. Sin embargo, la residencia no opina lo mismo y creen que era necesaria la prueba PCR porque así estaba estipulado. 


Antonio, el padre de Alexander, está cansado y reclama una solución clara sobre el tema. Están preocupados por cómo pueden reaccionar desde la fundación si su hijo vuelve a ella, pero tiene claro que es necesario que vuelva porque es su derecho. Mientras tanto, la vía judicial sigue abierta en un proceso que puede tardar varios meses en resolverse. 



Recientemente la familia también ha pedido ayuda al Síndic de Greuges que es el defensor del pueblo catalán. Tras una investigación realizada por el propio Síndic, estos han pedido a la conselleria de Derechos Sociales que hagan todo lo posible, en esfuerzo y en las gestiones, para que Alexander pueda volver a su hogar-residencia lo antes posible. 

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