martes, 19 de octubre de 2021

Juegos Olímpicos pirenaicos

Luis Moreno
Profesor de Investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (CSIC)

“El que és bo per Barcelona, és bo per Catalunya i és bo per Espanya”

(Pasqual Maragall, proclamación Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992)


La candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 en los Pirineos se presenta como una oportunidad para construir puentes y eliminar barreras físicas y políticas en la zona nororiental de la ‘piel de toro’. El precedente de las históricas Olimpiadas de Barcelona en 1992 hace albergar razonables esperanzas para intentar llevar a cabo un empeño similar al que se forjó hace 30 años, presentando una candidatura de amplio respaldo popular e institucional a la misma. El éxito en 1992 fue el resultado de un trabajo en comandita, con el que se antepuso la capacidad del esfuerzo común general por encima de cualquier otra consideración particular.


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Pixabay


Recuérdese que el clima de confrontación electoral entre los distintos partidos representados en las instituciones implicadas a finales de los años noventa del siglo pasado era áspero. Cierto es que las acrimonias no alcanzaban los niveles de odio manifestados ahora por algunos representantes de la gobernanza multinivel catalana, tanto entre ellos como con respecto al conjunto del Estado autonómico español.


Se desplegó, entonces, un afán por articular el esfuerzo mayoritario en Catalunya y en España de dejar definitivamente atrás el siniestro legado del Franquismo y la dictadura. De avanzar en la modernización de un país que comenzaba a participar plenamente en la unión cultural, económica y social de la Comunidad Económica Europea, a la que había accedido pocos años antes. Los resultados fueron espectaculares y sirvieron para dar un impulso de progreso a todos los territorios involucrados.


El reto pirenaico se presenta ahora complicado y preñado de desconfianzas entre quienes pueden proponerlo. Pero es posible, probable y hasta deseable.


Las tres principales formaciones del Parlament catalán (ERC, Junts y PSC) han mostrado una disposición receptiva a la propuesta de la candidatura del evento deportivo pirenaico en 2030. Otros partidos (CUP y Comunes) se han mostrado reacios. No entramos a valorar en este artículo el otro gran proyecto de la ampliación del aeropuerto de El Prat. Esta titánica obra afectaría no solo a la Ciudad Condal, y a su área geográfica de influencia catalana, sino a todo el conjunto de España, al ser la puerta de entrada y salida más importante junto al aeropuerto de Barajas en Madrid, del turismo internacional. A nadie se le escapa el considerable impacto que tal ampliación supondría para los ecosistemas colindantes, precisamente ahora que acaba de publicarse el último informe de la IPCC sobre las repercusiones medioambientales del cambio climático en el mundo. Ya saben que se prevén 3.300 millones para ampliar los aeródromos de Josep Tarradellas-El Prat (1.700 millones) y Adolfo Suárez-Barajas (1.600 millones). Volveremos sobre este tema de crucial importancia para el modelo socioeconómico que pretendemos para nuestro país y el Viejo Continente.


Cuando aún están recientes las celebraciones de los Juegos Olímpicos de Tokio, sería bueno aprovechar el interés de las gentes para ir más allá de la mera fiesta de la competitividad deportiva universal. Se trataría de conseguir un acuerdo de envergadura no sólo para superar situaciones de bloqueo político como las presentes. Ayudaría a cimentar una conllevancia política básica que está en la lógica de la concurrencia múltiple etnoterritorial en España y de su modelo autonómico.


En realidad, a la España de las Autonomías cabría considerarla como una ‘federación embozada’, la cual incorpora también elementos de puesta en común necesarios para un funcionamiento razonable de las instituciones y la gobernanza multinivel. El desarrollo de la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha mostrado la inconveniencia de basar la acción política institucional en la política de la ‘evitación de la culpa’ (blame avoidance). Tales políticas se han puesto en práctica de manera intensiva y disfuncional. A lo largo de los ya casi dos años de ‘anormalidad’ sociopolítica impelida por la propagación del Coronavirus, lo único que ha parecido importar en la España multinivel era pasar la ‘pelota’ de la tragedia sociosanitaria a ‘los otros’ gobiernos y, si fuese posible, a aquellos de un color político distinto esperando un malsano beneficio electoral. Las administraciones multinivel concernidas no han querido correr el riesgo de aparecer ante sus votantes como responsables de los drásticos ajustes y los resultados producidos durante la pandemia. El aprendizaje acelerado en los imprescindibles mecanismos de coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas se ha plasmado, no obstante, en que España sea el país en el momento de escribir estas líneas con más alto nivel de vacunación de pauta completa en el grupo de los países del denominado Primer Mundo.


Puede que la bronca política en España haya alcanzado niveles insospechados de postureo macarra y barriobajero, pero los ciudadanos han acudido ‘todos a una’ –como en Fuenteovejuna-- a los centros de vacunación apenas sin rechistar a ponerse disciplinadamente la vacuna, conducta que otros países vecinos más ‘homogéneos’ socialmente no han conseguido. Al fin y a la postre, España ha seguido el principio federal de que sólo la conciliación de la unidad y diversidad mediante el acuerdo político hace posible la convivencia y el bienestar como ejemplifica nuestro Modelo Social Europeo.


No lo duden, los Juegos Olímpicos pirenaicos podrían ayudarnos a encajar políticamente la vitalidad de nuestras ‘naciones internas’ y Comunidades Autónomas constituyentes e institucionalizar, en suma, el pacto cotidiano, libre y natural entre sus ciudadanos, gentes y pueblos.


Citius, Altius, Fortius.

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