COEPSE pedirá una auditoría "que acredite la deuda de la Seguridad Social con los pensionistas"

 

José Luis Escrivá @ep

Recientemente el Gobierno aprobó el primer bloque de la reforma de las pensiones y José Luis Escrivá, el Ministro de Seguridad Social, está preparando la segunda parte aprovechando la pausa veraniega. Por ello, desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público (COEPSE) ha emitido un comunicado denunciando que, con esta segunda reforma "se pretende dar impulso a la privatización de las cotizaciones sociales que percibe la seguridad social, hacia fondos privados de pensiones". 

Desde COEPSE creen que esta decisión del Gobierno "supondría una gravísima amenaza al sistema público de pensiones y de hecho a la soberanía de nuestro país, que vería volar nuestros ahorros hacia los paraísos fiscales donde se asientan los fondos buitre y con ello la preservación de un derecho tan básico de nuestra sociedad como son las pensiones", lamentan en un comunicado. 

La asociación en defensa de las pensiones denuncia que el Ejecutivo está llevando a cabo esta reforma bajo "la falsa premisa de que las pensiones no son sostenibles". Sin embargo, exponen que CCOO publicó un estudio hace unos años donde se mostraba que el sistema era autosuficiente, pero sus excedentes han sido sometidos a un despilfarro público por parte de los distintos gobiernos de PP y PSOE. 

Además recuerdan desde COEPSE que "el Tribunal de Cuentas, también advirtió del uso inadecuado del salario diferido  de los trabajadoros por parte de los gobiernos, y el actual Ministro Escrivá lo puso de manifiesto en su anterior cargo como director de AIREF".

Por ello entienden que "no hay justificación para que cambie nuestro sistema. No hay justificación de las reformas que se han impuesto y no existe razón para aceptar esa segunda parte del Acuerdo Social para privatizar los ingresos de la Seguridad Social", concluyen. 

En este sentido COESPE, ha realizado una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno "la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social que acredite el importe que el estado debe a los pensionistas y un calendario para su devolución". A esta propuesta se han sumado Ayuntamientos de todo el país, Diputaciones, Parlamentos Autonómicos, Parlamentarios, UGT  así como distintas federaciones de CCOO.

La importancia de esta exigencia"es que acaba con el discurso implantado en la sociedad de manera interesada, de que el futuro de las pensiones depende de las reformas de 2011 y 2013 implantadas y las previstas en el Acuerdo Social", explican en su comunicado. 

Por último, denuncian que "las falsas premisas de insostenibilidad, cuando su suficiencia está demostrada y es demostrable, solo persigue el deterioro del actual Sistema Público de Pensiones con el empobrecimiento de los futuros pensionistas. Bajo esa supuesta crisis se está imponiendo el aumento de la edad de jubilación y de los años cotizados".