Ada Colau busca una salida para no tener que declarar ante los juzgados/ @EP

La representación letrada del fondo de inversión Vauras Investment ha recibido un auto judicial en el que se notifica la cancelación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de cinco multas (procedimientos sancionadores) por valor de 420.000 euros. 

La justicia interviene: La Audiencia reabre la denuncia por presuntas coacciones del gobierno Colau a Vauras Investment

Un juzgado de Barcelona rechazó una primera denuncia del fondo de inversiones contra la alcaldesa Colau, pero prosperó un recurso en la Audiencia Provincial, que ha ordenado investigarla a la primera edil de Barcelona y parte de su equipo de  gobierno por los presuntos delitos de coacciones y prevaricación.

Los hechos se remontan a marzo de 2020, cuando se desalojaron por orden judicial y al sexto intento unos pisos okupados en un edificio conocido como Bloc Llavors. El Ayuntamiento pretendía  que  el fondo de inversión procurara a cambio del desalojo nuevos pisos de alquiler social para los okupas. Ante la renuncia de Vauras Investment a acceder a esas exigencias, la administración municipal abrió cinco procesos sancionadores por supuestos incumplimientos en las normativas relacionadas con el acceso a la vivienda.

Ahora, la gerencia municipal de Vivienda desiste del cobro de las multas, alguna de ellas en fase de embargo, y lo ha comunicado en cinco juzgados distintos, pues este proceso es paralelo al de la denuncia admitida a trámite contra Colau.

Con la renuncia a todos los procedimientos sancionadores abiertos el consistorio pretende desarmar la querella del fondo de inversiones algo que sobre el mismo no desistirá puesto que considera que se le ha producido una pérdida empresarial de 35 millones de euros.

Para Vauras Investment el  Ayuntamiento dirigido por Colau actuó a favor de los okupas en otros inmuebles de su propiedad que  les obligaron a renunciar a sus proyectos en la ciudad.