El Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans , gobernado por ERC y Junts , ha anunciado recientemente que está dispuesto a cambiar el modelo de gestión del servicio municipal del agua tras el proceso participativo que convocó entre el 10 de mayo y el 3 de junio .

Según los resultados de la consulta, el 86,17% de los participantes ha apoyado el modelo de gestión directa y el equipo de gobierno considera que este resultado debe ser vinculante, pero se obvia que no más han votado a 282 personas en un municipio de 14.917 vecinos: el 1,9% de la población.

Los apoyos a la gestión directa (243 votos) representan tan sólo el 1,9% de la población de Palau.

Con tan baja participación, ha quedado claro que no se ha abierto un debate público sobre el modelo de gestión, sino que parece que el gobierno municipal buscaba una supuesta legitimación para una decisión ideológica que ya estaba tomada desde hace tiempo.

Desde el ámbito jurídico y político, algunos expertos cuestionan los procesos participativos que se refieren a aspectos técnicos que la ciudadanía desconoce, como los que hacen referencia a la gestión del agua. En el actual ordenamiento no se ha fijado un mínimo de participación para atribuir consecuencias jurídicas en un proceso participativo pero se da la circunstancia de que en Palau-solità y Plegamans son necesarios 2.237 ciudadanos para promover una consulta (el 15% de la población ), pero el gobierno municipal se considera legitimidad para tomar una decisión trascendental con sólo el voto de 282 ciudadanos (el 1,9% de la población).

En este sentido, los dos partidos con menor peso en el Pleno municipal - Ciudadanos y Primarias- necesitaron 884 y 407 votos respectivamente en las pasadas elecciones municipales para obtener representación en el Pleno, lejos de los 243 votos a favor del modelo de gestión directa en la consulta que el gobierno municipal considera que los resultados son legítimos, representativos y vinculantes.

UN PROCESO RODEADO DE POLÉMICA

El proceso nació ya rodeado de polémica. De hecho, partidos de la oposición y algunos vecinos acusaron al Consistorio de compartir información claramente a favor de una de las opciones de la consulta, la de gestión directa.

Uno de los folletos que se repartió por todos los hogares incluía datos que no se ajustaban a la realidad , con una clara intención de desacreditar el modelo de gestión indirecta, ya que indicaba que la gestión indirecta es poco transparente y cercana, comporta tarifas de agua más elevadas o no realiza las inversiones necesarias, entre otras.

Esta falta de neutralidad entre ambas opciones de la consulta, que el poder público debería ejercer en un proceso participativo, se vivió también en la sesión informativa presencial, donde no se permitió participar en la empresa concesionaria actual ni tampoco en ninguna profesional que defendiera el modelo de gestión indirecta, pero sí se contó con la experiencia del Ayuntamiento de Terrassa (que hace 4 años decidió municipalizar el servicio del agua) y Leonard Carcolé, fundador de CAPIOL, el empresa encargada de realizar el estudio sobre los modelos de gestión del agua en Palau y ferviente defensor de la gestión directa y de la CONGIAC, aunque sólo hace unos años fue el promotor de la privatización de ATL.

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Precisamente, el informe CAPIOL es otra de las irregularidades del proceso participativo de Palau. El documento hecho público el pasado mes de mayo, que se puso a disposición de la ciudadanía para que pudiera votar supuestamente informada, contenía errores, contradicciones y falta de rigor, tal y como denunciaron algunos partidos de la oposición, como PSC y Ciudadanos .

El PSC y Ciutadans denunciaron que el Informe CAPIOL contenía errores y contradicciones

Por ejemplo, la propuesta de tarifas que presentaba el informe suponía una rebaja del 4,4 % en caso de gestión directa, pero una vez aplicadas las correcciones, la tarifa del modelo directa quedaba incluso por encima del modelo de gestión indirecta actual . Tras la denuncia de los partidos de la oposición, el gobierno municipal cambió algunos aspectos del informe, pero sin detener en ningún caso el proceso participativo que ya estaba en marcha. Así pues, algunas personas votaron después de consultar una información errónea.

Algunas asociaciones de vecinos y vecinas, como la AV de Can Cortès, denunció públicamente la intención del gobierno municipal de pasar a la gestión directa mediante la empresa GIACSA-CONGIAC, “ un consorcio de dudosa reputación que ya ha sido condenado por fraude en algún ayuntamiento que han querido hacer lo mismo, como el de Collbató, al presentarse como una empresa pública -para eludir la competencia- cuando en realidad es una sociedad mercantil pública sujeta a derecho privado, como han demostrado los jueces del TSJC ”, explicaban literalmente a sus flyers informativos.

El Supremo considera fraude de ley el sistema de remunicipalización del agua de CONGIAC

CONGIAC INCREMENTA EN UN 55% LA TARIFA DE AGUA EN VILLA-REDONDA

Precisamente hoy, la Comisión de Precios de Cataluña ha aprobado, a propuesta del CONGIAC, un incremento del 55% de la tarifa de agua de Vila-rodona . El Ayuntamiento de Vila-rodona le delegó el servicio de agua a este consorcio en 2019 y, desde el 1 de enero de 2020, su sociedad instrumental, GIACSA, le gestiona el servicio municipal de agua. En ese momento, el Ayuntamiento afirmaba que “este modelo de gestión garantizará un acceso universal del servicio que debe ser moderno, social, solidario y al mejor precio posible”.

El resultado es que, dos años después, el CONGIAC decide un incremento de la tarifa de agua inédito en un momento de máxima tensión inflacionista y con un IPC que se sitúa en el 8,2%.

En una rueda de prensa inmediatamente convocada después de hacer públicos los resultados de la consulta, el alcalde de Palau, Oriol Lozano , hizo una primera valoración: “respetaremos el proceso participativo (...). Claramente, ha ganado la opción de la gestión directa y pública del agua”, sin mencionar, en ningún caso, la baja participación. Ahora, el gobierno elevará al Pleno el polémico informe de CAPIOL con la intención de que el proceso de gestión directa se lleve a cabo con dudosas mínimas garantías legales.

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