Existen "suficientes indicios de criminalidad" contra los dos cargos de Bombers, según el juez

 

Para el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) existen "suficientes indicios de criminalidad" contra los dos cargos de Bombers de la Generalitat de Catalunya que están acusados en la 'trama del fuego'. En ella se investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

Considera que existen suficientes indicios contra los más de treinta investigados en la causa, entre ellos el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) en un comunicado.

El instructor del caso ha decidido, en una auto de fecha de este viernes, levantar el secreto que pesaba sobre la causa en la que se investiga un presunto amaño de contratos para la extinción de incendios, al considerar que ha desaparecido el riesgo de "alterar, destruir u ocultar" pruebas.

La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2015; fue detenido Castellano, que quedó en libertad, con medidas cautelares consistentes en la retirada del pasaporte y la prohibición de la salida del territorio nacional.

En esa primera parte de la operación la Policía detuvo a otras nueve personas, entre ellas, el presidente de la empresa Avialsa, Vicente Huerta. Ambos coincidieron en cacerías.

En ese momento, se acordó el secreto de las actuaciones, una situación que, según recoge el auto notificado este viernes a las partes, ha ido prorrogándose para "practicar cuantas diligencias eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables" y garantizar el éxito de la investigación.

Ahora, esta necesidad "ha desaparecido al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias", indica el juez en el auto, en el que acuerda el cese del secreto de las actuaciones.

Hasta este momento, según el TSJCV, hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por supuestamente amañar concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal).

Las diligencias están abiertas por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso "a la totalidad de las presentes diligencias" porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de "alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba".

REGISTROS EN CATALUNYA

La operación policial del 13 de enero se saldó con la detención, por decisión policial, de otra veintena de personas, entre ellas, dos altos cargos más de la Generalitat de Catalunya, a los que la propia Policía dejó en libertad.

El dispositivo incluyó la práctica de 20 registros en empresas y viviendas y, además de la Comunitat Valenciana y Catalunya, la operación (detenciones y registros) se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

En el caso de Catalunya, se registró el aeropuerto de Sabadell; la vivienda del alto cargo detenido por orden judicial y la de otro de los altos cargos detenidos por la Policía, en Barcelona; así como el Parque de Bomberos de Sant Boi de Llobregat y el de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).