viernes, 23 de agosto de 2019

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Xavier Latorre, exjefe del ACA, por cohecho

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La Fiscalía ha pedido siete años de cárcel para Xavier Latorre, ex jefe de la Unidad de Gestión de Dominio Público Hidráulico Tordera-Besòs del ACA por presuntamente haber usado "torcidamente sus potestades administrativas" para favorecer a determinadas empresas a cambio de recompensas económicas que recibía a través de una sociedad familiar.


En este sentido, el fiscal anticorrupción Emílio Sánchez-Ulled ha solicitado, en concreto, cinco años de prisión por cohecho, dos años más por falsedad documental y ocho de inhabilitación por prevaricación.


El fiscal le acusa de haber beneficiado a varias empresas a cambio de dinero y, además, no descarta que Latorre, "vulnerando sus obligaciones funcionariales, asesorara por precio a dichas empresas a la hora de efectuar trámites administrativos".


La firma que Latorre supuestamente utilizó para cobrar de las empresas fue la mercantil Fase Arequipa, que estaba controlada por sus cuatro hijos.


La actividad teórica de la empresa era la compraventa de fincas pero, a partir de 2010, la mayor parte de la facturación provino del grupo empresarial Puigfel, al que "favoreció arbitrariamente" en un procedimiento administrativo en el ACA a cambio de dinero y lo camufló como actividad comercial de la sociedad de sus hijos.


La investigación comenzó así: en una inspección tributaria a la empresa Gambit se descubrió un documento de word en el que el acusado y máximo responsable de Puigfel, Andrés P., presuntamente comunicó al también acusado y responsable del grupo La Clau d'Or, Luis M., que entre ambos debían pagar 165.500 euros a Latorre "por su intervención en el torrent de Can Rocamora (Mas Rampinyo)".


Cuando la Agencia Tributaria encontró el documento lo denunció inmediatamente ante la Fiscalía de Barcelona y, finalmente, se ha averiguado que este texto localizado tenía que ver con unas obras de cubrimiento del Torrent de Can Rocamora, en el ámbito de actuación de un plan en Montcada i Reixac (Barcelona).


Durante estas obras, técnicos del ACA detectaron en 2003 que en la urbanización del sector se había cubrido un torrente sin autorización de la agencia; tras varias negociaciones, Latorre informó en 2007 favorablemente sobre la ejecución de las obras por un plazo de 15 meses y, a partir de entonces, el acusado comenzó a recibir prestaciones de las empresas involucradas a través de Fase Arequipa.


PRISIÓN PARA LOS EMPRESARIOS


Pero las intervenciones más importantes de Latorre se producen a partir de 2009, cuando avaló obras "con un presupuesto injustificadamente reducido" a estos empresarios, a cambio de beneficios económicos, y se camuflaron pagos como aparentes trabajos de asesoramiento y consultoría.


Para estos dos empresarios, el fiscal pide cinco años de cárcel por cohecho -en este caso, activo-, dos más por falsedad en documento mercantil y cuatro años de inhabilitación para cargo público; además, solicita cuatro años de cárcel para la hija de Latorre que ejercía de administradora de la mercantil familiar por cohecho pasivo y falsedad documental.

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