Los derechos no se suspenden, se promueven y se garantizan

Los recursos del Gobierno en el Tribunal Constitucional (TC) a determinados artículos de la Ley de emergencia habitacional y energética y de la Ley de igualdad no se pueden despachar como un episodio más del conflicto entre los gobiernos del Estado y catalán. Los recursos dejan sin efecto durante seis meses, tiempo que tiene el TC para dictar sentencia, determinados artículos para evitar desahucios, facilitar el acceso a la vivienda y garantizar suministro de servicios básicos o, en el caso de la Ley de igualdad, la obligación de todas las empresas a negociar e impulsar planes de igualdad de género y prever medidas preventivas y recursos para hacer el seguimiento sindical.

Los recursos presentados no son neutros desde el punto de vista social ni ideológico. No son una simple disputa en relación con el conflicto competencial entre Catalunya y el Estado. Traducen un conflicto de intereses entre los sectores dominantes, los poderes económicos, y las necesidades de la mayoría social. Los poderes económicos, entidades financieras y lobbies empresariales utilizan el Gobierno para presentar el recurso y paralizar las leyes. Se aprovechan de un gobierno que es servil con los poderes e insensible con los vulnerables.

La gravedad de los recursos es, sin embargo, superior, por el contexto de pobreza y desigualdades que enmarca la grave crisis social que vivimos, donde los síntomas de recuperación económica que airean los diferentes gobiernos ni llegan ni son percibidos por las personas. La emergencia social se deriva de una situación de pobreza social, relacionada con la pobreza laboral (paro, precariedad, desprotección ...) y con el déficit crónico de las políticas de protección social y la falta de garantías en la provisión de los derechos y servicios básicos. Las políticas de austeridad aplicadas estos años, las reformas laborales y los recortes presupuestarios son las principales responsables de la situación. Y es a lo que hay que darle la vuelta.

Necesitamos que las administraciones hagan actuaciones que impulsen y creen empleo; que obliguen a las empresas a que contraten respetando convenios, calidad del trabajo y salarios dignos, y que garanticen la protección social y pongan en marcha la renta garantizada de ciudadanía que se está debatiendo en el Parlamento. Debemos rechazar el recurso del Gobierno del PP, pero no podemos permanecer expectantes ante la grave crisis social. Debemos exigir que se desarrollen los reglamentos y protocolos de actuación que se derivan de normas legales que hoy están vigentes y no han sido impugnadas, que se doten fondos con recursos propios, mientras no hay sentencia definitiva, y que se convoque una nueva línea de ayudas para 2016 para familias en situación de pobreza energética para hacer frente a los suministros básicos.

De nada sirve quejarnos de los recursos del Gobierno del Estado y la paralización de las leyes si no utilizamos todas las capacidades y posibilidades competenciales disponibles para actuar y luchar contra la pobreza laboral y social. Hay voluntad política y dotación presupuestaria para implementar medidas y recursos para abordar la actual situación. Las próximas semanas se presentará a debate parlamentario el proyecto de presupuestos de 2016, que supere la actual prórroga del 2015. Hay que dar respuestas materiales a las demandas sociales y, en concreto, en el combate contra la pobreza y la desigualdad: revertir recortes y garantizar la protección social y el acceso a los derechos y servicios básicos.

Inevitablemente el debate presupuestario no es sólo de gasto sino también y sobre todo de ingresos. La injusta relación que existe entre las aportaciones fiscales de las rentas más bajas en comparación con las más altas repercute en la insuficiencia de ingresos, que permite justificar la menor capacidad de gasto e inversión. De la misma manera que debemos exigir una reforma fiscal integral y justa (que pague más quien más gana y quien más tiene) y la lucha contra el fraude y la elusión, debemos reclamar al Parlamento de Catalunya que afronte el debate de los impuestos bajo la premisa de la justicia fiscal y la suficiencia de ingresos para construir el presupuesto (no olvidemos los efectos negativos e injustos de la renuncia al impuesto de sucesiones en beneficio de las rentas altas y grandes fortunas justo cuando se aplicaban las recortes).

Es en este marco, de pobreza laboral y social, y de unas injustas y antisociales políticas que lo han provocado y agravado, que organizaciones sindicales, vecinales y sociales, entidades y plataformas, convocan el próximo 29 de mayo una movilización social amplia y unitaria de rechazo a los recursos presentados por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional y para reclamar al Gobierno de Catalunya y a las administraciones locales compromisos políticos y presupuestarios en el combate contra la pobreza laboral y social. El lema es claro: "Los derechos no se suspenden. Trabajo digno, derechos sociales, democracia real ".

Porque los gobiernos, las leyes, los presupuestos y los tribunales no están para suspender derechos sino para promoverlos y garantizarlos.

Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Cataluña